A Spanish translation of an extract from The Idea of a Private Law Society (2006).
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Los errores del liberalismo clásico
Este es un fragmento del artículo «La idea de una sociedad de ley privada».
Está muy difundida la visión liberal clásica respecto a la necesidad de la institución del Estado como proveedor de la ley y el orden, sin embargo, argumentos bastante elementales, económicos y morales, muestran cómo esta visión está enteramente sesgada.
Entre economistas y filósofos políticos, una de las tesis más extensamente aceptadas es la de que todo «monopolio» es «malo» desde el punto de vista de los consumidores. Aquí, el monopolio es entendido como un privilegio exclusivo otorgado a un solo productor de bienes o servicios, o como la ausencia de «libre entrada» en una línea particular de producción. Por ejemplo, solo una agencia, A, puede producir un bien dado o servicio, X. Tal monopolio es «malo» para los consumidores porque, protegido contra la entrada de nuevos participantes potenciales en un área dada de producción, el precio del producto será más alto y de calidad más baja que en condiciones competitivas. Por consiguiente, es de esperarse que la ley y el orden proporcionados por el Estado sean excesivamente costosos y de calidad particularmente baja.
No obstante, este es solamente el más leve de los errores. El monopolio del gobierno no es como cualquier otro monopolio, tal como el de la leche, ni como el monopolio de coches que saca productos de baja calidad con precios altos. La agencia del gobierno es extraordinaria entre todas las otras agencias porque produce no solo cosas buenas sino también malas. En realidad, debe producir cosas malas para poder producir algo que pudiéramos considerar un bien.
Como hemos anotado, el gobierno es el juez último en todo caso de conflicto, incluso en conflictos en que él mismo está implicado. Consecuentemente, en vez de prevenir y resolver conflictos, un monopolio de decisiones finales provocará conflictos para resolverlos a su favor. Es decir, si uno solamente puede apelar al gobierno por justicia, la justicia se pervertirá en favor del gobierno, a pesar de las constituciones y los tribunales supremos. En realidad, son constituciones y tribunales del gobierno, y cualquier limitación en la acción del gobierno que puedan encontrar será decidida invariablemente por agentes de la mismísima institución. Previsiblemente, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas continuamente y la escala de la jurisdicción ampliada en favor del gobierno. La idea de una ley eterna e inmutable que debe ser descubierta desaparecerá y será sustituida por la idea de la ley como legislación; tan flexible como la ley emanada del Estado.
Todavía peor, el Estado es un monopolio de impuestos, y mientras los que reciben los impuestos —los empleados del gobierno— lo consideran como algo bueno, los que deben pagar los impuestos consideran el pago como algo malo, como un acto de expropiación. Como agencia de protección de la vida y la propiedad, financiada con impuestos, la mera institución del gobierno no es nada menos que una contradicción en términos. Es un expropiador protector de propiedades que «produce» cada vez más impuestos y siempre menos protección. Incluso si el gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de la propiedad de sus ciudadanos, como los liberales clásicos han propuesto, surgiría la pregunta adicional de cuánta seguridad debe producir. Motivado, como todos, por intereses personales y la desutilidad del trabajo, pero equipado con el poder extraordinario de cobrar impuestos, la meta de un agente del gobierno será invariablemente maximizar los gastos en protección, y es concebible que casi toda la riqueza de una nación pueda ser consumida por el costo de la protección, y al mismo tiempo minimizar la producción de protección. Mientras más dinero uno pueda gastar y menos deba trabajar para producir, mejor uno estará.
En suma, la estructura de incentivos inherente a la institución del gobierno no es una receta para la protección de la vida y la propiedad, sino una receta para el maltrato, la opresión y la explotación. Esto es lo que ilustra la historia de los Estados. Es primero y ante todo la historia de incontables millones de vidas humanas arruinadas.
Errores multiplicados: liberalismo democrático
Una vez que el liberalismo clásico asumió erróneamente que la institución del gobierno era necesaria para la conservación de la ley y el orden, surgió la siguiente pregunta: ¿Cuál forma de gobierno es mejor para la tarea entre manos? Mientras la respuesta liberal clásica a esta pregunta no fue de manera alguna unánime, fue aún fuerte y clara. La forma tradicional de gobierno señorial o real era aparentemente incompatible con la idea añorada de derechos humanos universales, porque se trataba de un gobierno basado en el privilegio. Por consiguiente, fue excluida. ¿Cómo, entonces, podría encuadrarse la idea de universalidad de los derechos humanos con el gobierno? La respuesta liberal fue la de abrir la participación y la entrada en el gobierno de igual a igual para todos mediante la democracia. A cualquiera —no solo a una clase hereditaria de nobles— se le permitía llegar a ser agente del gobierno y ejercer toda función gubernamental.
Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo enteramente diferente e incompatible con la idea de una ley universal única, igualmente aplicable a todos, en todas partes y en todos los tiempos. De hecho, el cisma y la desigualdad objetables anteriormente de la ley más alta de los reyes versus la ley subordinada de sujetos ordinarios se preservan completamente bajo la democracia en la separación del derecho público versus el derecho privado y la supremacía del anterior sobre el último. Bajo la democracia, todos son iguales en lo que se refiere a que la entrada está abierta para todos en términos iguales. En una democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. No obstante, existen los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas. Siempre y cuando actúen en calidad oficial, los funcionarios públicos son gobernados y protegidos por la ley pública, con lo cual ocupan una posición privilegiada frente a personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado, fundamentalmente en que se les permite sostener sus propias actividades mediante impuestos contra los subordinados al derecho privado. El privilegio y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. Antes que estar restringidos a príncipes y nobles, el privilegio, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán disponibles para todos y pueden ser practicados por todos.
Entonces, como es de esperar, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio de aumentar los precios y disminuir la calidad es más pronunciada. Como monopolio hereditario, el rey o el príncipe consideraban el territorio y las personas bajo su jurisdicción como su propiedad personal y se dedicaban a explotar monopolísticamente su «propiedad». Bajo la democracia, el monopolio y la explotación monopolística no desaparecen. Incluso si a todos se les permite entrar en el gobierno, esto no elimina la distinción entre gobernantes y gobernados. El gobierno y los gobernados no son uno y la misma persona. En vez de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un guardián temporal e intercambiable es puesto a cargo monopolístico del país. El guardián no es dueño del país, pero mientras esté en ejercicio se le permite utilizarlo para ventaja de sí mismo y de sus protegidos. Tiene el uso actual —el usufructo— pero no su capital social. Esto no elimina la explotación. Al contrario, hace la explotación menos calculada, llevada a cabo con poca o ninguna consideración del capital social. La explotación se hace miope y se promueve sistemáticamente el consumo del capital.
Traducido originalmente del inglés por Mariano Bas Uribe. Revisado y corregido por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.
