This a Spanish translation of Hoppe’s conference Democracy, De-Civilization, and Counterculture. The speech was given in 2015 at the PFS annual meeting. Spanish subtitles have also been added to the YouTube video.
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Democracia, descivilización y contracultura
Presentación del profesor Hans-Hermann Hoppe en la décima reunión anual (2015) de la Property and Freedom Society en Bodrum, Turquía.
Mi tema es sobre la democracia, la descivilización y la construcción de una nueva contracultura. Empezaré con algunas cosas muy sistemáticas y luego será un poco más sencillo.
Debido a que cada acción requiere el empleo de medios físicos específicos —por lo menos un cuerpo, un lugar para pararse y algunos objetos externos—, un conflicto entre diferentes actores siempre debe surgir cuando dos actores intentan utilizar los mismos medios físicos para el logro de propósitos diferentes. La fuente de los conflictos es siempre e invariablemente la misma, saber: la escasez o rivalidad de medios físicos. Dos actores no pueden usar al mismo tiempo los mismos medios físicos, los mismos cuerpos, espacios y objetos, para fines alternativos. Si tratan de hacerlo, deben entrar en conflicto. Por lo tanto, con el fin de evitar conflictos o resolverlos si ocurren, se requiere un principio procesal y un criterio de justicia o de la ley, es decir, un principio que regule el uso justo, legítimo o «correcto», frente a los usos y controles injustos, ilegítimos o «incorrectos» (de la propiedad) de los medios físicos escasos.
Lógicamente, lo que se requiere para evitar todo conflicto está bastante claro: solo es necesario que todo bien esté siempre y en todo momento en manos privadas, es decir, controlado exclusivamente por un individuo (o asociación de individuos), y que sea siempre reconocible cuál bien es de quién y cuál no o cuál es de otra persona. Los planes y propósitos de los diversos actores o empresarios que buscan beneficios pueden entonces ser tan diferentes como puedan ser, y aun así ningún conflicto surgirá siempre que sus respectivas acciones impliquen única y exclusivamente el uso de su propia propiedad privada.
Sin embargo, ¿cómo puede este estado de cosas, a saber, la privatización completa e inequívocamente clara de todos los bienes, ser cumplido prácticamente? ¿Cómo pueden las cosas físicas convertirse en propiedad privada en primer lugar? ¿Y cómo se pueden evitar los conflictos desde el mismo comienzo de la humanidad en adelante?
Existe una única solución —praxeológica— a este problema y ha sido esencialmente conocida por la humanidad desde sus mismos inicios; incluso si tan solo ha sido elaborada lenta y gradualmente y reconstruida lógicamente. Para evitar el conflicto desde el principio, es necesario que la propiedad privada se base en actos de apropiación original. Es decir, la propiedad debe ser establecida a través de actos (en lugar de simples palabras, decretos o declaraciones), porque solo a través de acciones, que tienen lugar en el tiempo y el espacio, puede establecerse un enlace objetivo —determinable intersubjetivamente— entre una persona en particular y una cosa específica. Y solamente el primer apropiador de una cosa previamente no apropiada puede adquirir esta cosa como su propiedad sin conflicto. Porque, por definición, como el primer apropiador (la primera persona que se apropia de una cosa), no puede haber tenido un conflicto con nadie en la apropiación del bien en cuestión, ya que todos los demás aparecieron en la escena únicamente más tarde.
Esto implica significativamente que, si bien cada persona es el dueño exclusivo de su propio cuerpo físico como su principal medio de acción, ninguna persona puede ser jamás el dueño del cuerpo de cualquier otra persona. Dado que podemos utilizar el cuerpo de otra persona solo indirectamente, es decir, usando primero nuestro propio cuerpo apropiado y controlado directamente. De este modo, la apropiación directa precede temporal y lógicamente a la apropiación indirecta y, en consecuencia, cualquier uso no consentido del cuerpo de otra persona es una injusta apropiación indebida de algo ya apropiado directamente por alguien más.
Toda propiedad justa (legítima), entonces, se deriva directa o indirectamente mediante una cadena mutuamente beneficiosa de transferencias de títulos de propiedad —y debido a eso, también libre de conflictos— hasta los apropiadores y actos de apropiación anteriores y, en última instancia, originales. Y, mutatis mutandis, todos los reclamos y usos hechos sobre cosas por una persona que no se había apropiado de o no hubiera producido previamente estas cosas ni las hubiera adquirido a través de un intercambio libre de conflictos de algún propietario anterior, son injustos e ilegítimos.
Ahora permítanme enfatizar que considero estas ideas elementales argumentativamente irrefutables y, por lo tanto, también verdaderas a priori. Si usted quiere vivir en paz con otras personas, y usted demuestra que desea hacerlo mediante la participación en la argumentación con ellos; entonces, solamente existe una solución: debe tener propiedad privada (o exclusiva) en todas las cosas escasas y adecuadas como medios (o bienes) en la persecución de los fines humanos; y la propiedad privada en ese tipo de cosas debe basarse en actos de apropiación original —a saber, la reconocible delimitación o cercado de los escasos recursos— o bien en la transferencia voluntaria de dicha propiedad desde un propietario anterior a uno posterior.
Podemos decir entonces que estas reglas expresan y explican la «ley natural». «Natural», dado el objetivo únicamente humano de la interacción pacífica; y «natural» debido a que estas leyes están «dadas» y son meramente descubiertas como tales por el hombre. Es decir, no son enfáticamente leyes que sean conformadas, inventadas o decretadas. De hecho, todas las leyes creadas por el hombre (en lugar de ser leyes descubiertas o encontradas), es decir, toda legislación, no es ley en absoluto, sino una perversión de la ley: a saber, órdenes, comandos o prescripciones que no conducen a la paz sino al conflicto, y que son debido a eso disfuncionales de la finalidad misma de las leyes.
Esto no quiere decir que con el descubrimiento de los principios de la ley natural todos los problemas del orden social están resueltos y que toda fricción desaparecerá. Los conflictos pueden ocurrir y ocurren incluso si todos saben cómo evitarlos. Y en todos los casos de conflicto entre dos o más partes contendientes, entonces, la ley debe ser aplicada. Y por esto se requiere jurisprudencia, juicio y arbitraje (en contraste con la jurisdicción). Puede haber disputas sobre si usted o yo he aplicado erróneamente los principios en casos específicos respecto a medios particulares. Puede haber desacuerdos en cuanto a los «verdaderos» hechos de un caso: Quién estaba en dónde y cuándo, y quién ha tomado posesión de esto o aquello en tales y tales momentos y lugares. Y puede ser tedioso y requerir mucho tiempo establecer y resolver estos hechos. Varias disputas anteriores y posteriores deben ser investigadas. Los contratos podrían tener que ser examinados. Podrían surgir dificultades en la aplicación de los principios a los recursos subterráneos, al agua y al aire, y especialmente a los flujos de agua y a los flujos de aire. Además, siempre existe la cuestión de determinar un castigo a un delito determinado, es decir, de encontrar la medida adecuada de restitución o retribución que un victimario debe a su víctima, y luego hacer cumplir las sentencias de la ley.
Pero por difícil que estos problemas puedan ser ocasionalmente, los principios rectores que deben seguirse en la búsqueda de una solución están siempre claros y fuera de toda discusión.
En todo caso de conflicto llevado a juicio en busca de una sentencia, la presunción es siempre a favor del poseedor actual del recurso en cuestión y, mutatis mutandis, la carga de «la prueba de lo contrario» está siempre en el oponente de una situación actual y las posesiones actuales. El oponente debe demostrar que él, contrariamente a la evidencia prima facie, tiene un derecho sobre un bien específico que es más antiguo que el derecho del poseedor actual. Si y solo si un oponente puede demostrarlo con éxito, esa posesión en cuestión debe ser restituida como propiedad suya. Por otro lado, si el oponente fracasa al plantear su caso, entonces no solo la posesión permanece como propiedad con su actual propietario, sino que el poseedor actual ha adquirido a su vez un reclamo legítimo contra su oponente. Porque el cuerpo y el tiempo del actual poseedor fueron apropiados indebidamente por el oponente durante su fallida y rechazada argumentación. Él podría haber hecho otras, en su visión, «mejores» cosas con su cuerpo y tiempo que defenderse de su oponente.
Y asimismo, de manera importante: el procedimiento para ser seleccionado para impartir justicia a lo largo de las líneas que acabo de indicar también está claro e implícito en el propio objetivo de la resolución argumentativa pacífica de conflictos. Debido a que ambos contendientes en cualquier disputa de propiedad —digamos John y Jim— hicieron o mantuvieron reclamos opuestos de la verdad:
– Yo (John) soy el dueño legítimo de tal y tal recurso.
Versus:
– No, yo (Jim) soy el dueño legítimo de ese mismo recurso.
Y a causa de eso, tanto John y Jim están interesados, parcial o sesgadamente a favor de un determinado resultado del proceso. Y por ello, únicamente a una tercera parte desinteresada o neutral se le puede confiar la tarea de administrar justicia. Este procedimiento no garantiza que siempre se hará justicia, por supuesto, pero asegura que la probabilidad de los veredictos injustos sea minimizada y que los errores de criterio sean corregidos con más probabilidad y facilidad. Entonces, en resumen, para todas y cada una de las disputas de propiedad entre dos (o más partes) contendientes se debe sostener que ninguna parte puede jamás juzgar y actuar como juez final en ninguna disputa que la involucre a sí misma. Sino más bien, todas las apelaciones a la justicia deben hacerse siempre a personas «externas», es decir, a jueces terceros imparciales.
Podemos llamar al orden social que surgiría de la aplicación de estos principios y procedimientos un «orden natural», un «sistema de justicia natural», una «sociedad de ley privada» o también una «constitución de la libertad» (no hay que confundirla con la de Hayek).
Curiosamente, aunque las prescripciones y requisitos de un orden natural parecen intuitivamente plausibles y razonablemente poco exigentes en sus partes constituyentes —es decir, en nosotros como actores individuales—, no obstante, en realidad vivimos en un mundo que se desvía marcadamente de tal orden. Ciertamente, todavía hay vestigios de la ley natural y la justicia que se encuentran en la vida civil y el manejo de los conflictos civiles, pero la ley natural se ha visto cada vez más deformada, distorsionada, corrompida, inundada y sumergida por las cada vez más altas montañas de ‘leyes’ legislativas, es decir, por normas y procedimientos en desacuerdo con la ley natural y la justicia.
No es tan difícil identificar la causa raíz de esta desviación de un orden natural cada vez más notable en la realidad social y explicar esta transformación como la consecuencia necesaria de un error original tan elemental como fundamental. Este error —lo puedes llamar el «pecado original» si quieres— es la monopolización de la función de la judicatura y adjudicación. Es decir, el «pecado original» es designar a una persona o una agencia (¡pero a nadie más!) para actuar como juez final en todos los conflictos, incluidos también los conflictos que lo involucran al él mismo.
La institución de semejante monopolio aparenta cumplir con la definición estándar o clásica de un Estado, como un monopolio territorial de la toma de decisiones finales y de la violencia. Al Estado —y a nadie más— se le designa y se le permite actuar en el juicio de sus propias acciones y hacer cumplir con violencia su propio juicio.
Esto implica de por sí una doble violación de la ley natural y la justicia. Por un lado, porque el Estado prohíbe así a todos los involucrados en una disputa sobre propiedad con el Estado recurrir por justicia a cualquier potencial tercer juez externo; y, por otro lado, porque el Estado excluye a todos los demás (excepto a sí mismo) de ofrecer sus servicios de justicia en este tipo de conflictos.
Además, desde el error original se siguen consecuencias previsibles. Como regla universal, todos y cada uno de los monopolios protegidos de la competencia conducen a precios más altos y una menor calidad del producto o servicio en cuestión de lo que sería de la otra manera. En el caso especial de un monopolio judicial y el servicio particular de adjudicación, esto significa, por un lado, que la calidad del derecho y la justicia caerán y la ley natural será reemplazada sucesivamente por la legislación creada monopolísticamente, es decir, por la perversión de la ley. Porque, como era de esperar, el monopolista usará su posición como tomador de las decisiones finales no sólo para resolver los conflictos entre los propietarios contendientes, sino también cada vez más para iniciar o provocar conflictos con los propietarios privados para luego decidir este tipo de conflictos en su favor —es decir, para expropiar la propiedad justa de los demás para su propio beneficio— sobre la base de sus propias leyes inventadas. Y por otro lado, el precio a pagar por la justicia subirá. De hecho, el precio de la justicia no será simplemente un ‘precio más alto’ que los buscadores de justicia pueden o no estar dispuestos a pagar (como sería el caso de todos los otros monopolios), sino un impuesto que los buscadores de justicia deben pagar estando o no de acuerdo con el mismo. Es decir, los propietarios privados involucrados en disputas de propiedad con el Estado no solo serán expropiados a través de la legislación, sino que además deben pagar al Estado por este «servicio» de expropiarles, añadiéndose así el insulto al perjuicio.
En efecto, con el establecimiento de un monopolio judicial, toda propiedad privada se convierte esencialmente en propiedad fiduciaria, es decir, propiedad privada concedida por el Estado. La propiedad privada es solo provisionalmente privada y dejada bajo control privado, es decir, solamente hasta que alguna ley o regulación hecha por el Estado no decrete lo contrario, creando así un ambiente de inseguridad jurídica permanente y causando un aumento en la tasa social de preferencia temporal.
Permítanme llamar al proceso que se ha puesto en marcha con la institución de un Estado: es decir, la progresiva desviación de un orden natural y un sistema de justicia y la creciente erosión de todos los derechos de propiedad privada y el correspondiente crecimiento de los poderes legislativos y de regulación del Estado, permítanme llamar a esto el proceso de descivilización.
Mientras que constante en su dirección, el proceso de descivilización que ha comenzado con el establecimiento de un Estado puede proceder a diferentes velocidades en diferentes momentos o lugares, a veces más lentamente y a veces a un ritmo más rápido. Sin embargo, otro error adicional puede identificarse que resultará en una aceleración del proceso de descivilización. Este segundo error es la transformación del Estado en un Estado democrático. Esta transformación no implica ningún cambio en la situación del Estado como monopolista judicial, sino que implica un cambio significativo de dos partes:
a) La entrada en el Estado y en la posición de juez final está abierta a todos los habitantes (adultos) de un territorio determinado.
b) Y la función como juez final se ejerce solo temporalmente, por un periodo corto fijo, por el ganador de recurrentes elecciones secretas y anónimas de ‘un hombre, un voto’.
Como era predecible, este cambio conduciría a una aceleración sistemática del proceso de descivilización.
Por un lado, como Helmut Schoeck sobre todo ha demostrado ampliamente, el sentimiento de la envidia es una de las más extendidas fuerzas motivadoras y más poderosas de descivilización. Por lo tanto, todas las principales y más elevadas religiones han condenado el deseo por la propiedad de los vecinos de uno como pecaminoso.
En un orden natural o un sistema de ley natural y justicia, la gente también —algunos más y otros menos— se ve tentada, por supuesto, a expropiar la propiedad de los demás para su propio beneficio. Pero en un orden natural, muy de acuerdo con las prescripciones religiosas, tales tentaciones se consideran inmorales, ilegítimas e incluso pecaminosas. De todos se espera que supriman dichos deseos. Con un Estado en su lugar, a algunos —inicialmente unos pocos— se le permite ceder a tales deseos inmorales por un periodo indeterminado y usan la legislación y los impuestos como medios para satisfacer su propio deseo por la propiedad de otros. Sin embargo, solo con la democracia —es decir, la entrada libre y sin restricciones al Estado— son eliminadas todas las restricciones morales e inhibiciones contra la toma de la propiedad legítima de otros. Todos son ahora libres para complacer este tipo de tentaciones y proponer y promover toda medida concebible de legislación y de impuestos para obtener ventajas a expensas de los demás. Es decir, mientras que en un orden natural se espera que todos pasen su tiempo exclusivamente en la producción o el consumo; bajo condiciones democráticas, en cambio, cada vez se pasa más tiempo en la política, es decir, en la defensa y promoción de actividades que no son ni productivas ni de consumo, sino explotadoras y parasitarias de y sobre la propiedad de otros. De hecho, incluso los opositores de tal desarrollo deben perder su tiempo cada vez más en esfuerzos improductivos, es decir, en la política, aunque sea solo para defenderse a sí mismos y a su propiedad o para tomar acciones preventivas contra tales incursiones. En realidad, bajo condiciones democráticas, emerge una nueva clase de personas —a saber, los políticos— cuya profesión es proponer y promover decretos de ley e impuestos diseñados para expropiar la propiedad de algunos en beneficio de otros (mayormente, por supuesto, de ellos mismos).
Además, debido a las elecciones regularmente recurrentes, la politización de la sociedad nunca llega a su fin, sino que está en constante reavivamiento y se prolonga. La inseguridad jurídica o el desorden entonces se acentúa y las preferencias temporales sociales aumentarán todavía más, es decir, acortando cada vez más el horizonte de tiempo tenido en cuenta por los planes de acción de uno. Y en el proceso de la competencia política —es decir, en la competencia por la posición del tomador de las decisiones finales—, tales políticos y partidos políticos subirán a la cima de que quienes tienen menos escrúpulos morales y las mejores habilidades como demagogos, es decir, de proponer y propagar la variedad más popular de demandas inmorales e ilegítimas de una oferta casi ilimitada de tales demandas que se ofrecen en la opinión pública.
Por otra parte —como la otra cara de la misma moneda—, la democracia dará lugar a la creciente corrupción. Con la entrada abierta al Estado, la resistencia contra el gobierno del Estado se reduce, y el tamaño del Estado aumentará. El número de empleados y administradores estatales se incrementará, y debido a que sus ingresos y sustento dependen de la continuación del poder del Estado, de la legislación y los impuestos, ellos mismos —no necesariamente pero muy probablemente— se convertirán en partidarios confiables y leales del Estado. En particular, la clase de los intelectuales, es decir, los productores de palabras (los artífices de la palabra) a diferencia de los productores de cosas (concretamente, los fabricantes), serán así sobornados y corrompidos. Debido que hay poca y una muy fluctuante demanda por palabras en lugar de cosas en el mercado, los intelectuales por ello siempre están desesperados por cualquier ayuda que puedan obtener para mantenerse a flote. Y el Estado, en la necesidad permanente de apoyo ideológico para su ataque incesante contra la ley natural y la justicia, está más que dispuesto a ofrecer tal ayuda y emplearlos como educadores públicos a cambio de la propaganda adecuada.
Sin embargo, no son solo los empleados del Estado quienes están tan corrompidos. Los ingresos fiscales y el alcance del Estado sobre el control de otros activos y participaciones no monetarias van ahora mucho más allá de lo necesario para emplear y equipar a sus propios trabajadores. El Estado también puede repartir los ingresos y la asistencia a diversos miembros de la sociedad civil. La lealtad de los pobres y oprimidos, por ejemplo, se puede garantizar a través de los llamados programas de bienestar social, y los ricos y los capitanes de industria, e indirectamente también sus empleados, pueden ser corrompidos a través de privilegios gubernamentales, contratos, bonos del gobiernos que rindan intereses y así sucesivamente. Y la misma política puede utilizarse también para el propósito de «dividir» a los miembros de la sociedad civil con el fin de controlar más fácilmente una población cada vez más divida en facciones o «atomizada». La política de divide et impera.
Mientras que la dirección principal de la evolución social se puede predecir con seguridad sobre la base de unos pocos supuestos elementales acerca de la naturaleza del hombre; del Estado, y de la democracia en particular, todos los detalles sobre el proceso de descivilización siguen siendo, por supuesto, inciertos y poco claros. Y para ser más específicos, uno debe consultar la historia. En particular, debe observar los últimos cien años, es decir, la historia desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando la democracia moderna entró en su propio proceso de desbancar al antiguo sistema monárquico.
Si bien esta historia confirma la predicción general, los resultados reales son verdaderamente horrendos, superando incluso los peores temores. En lo que se refiere a la degeneración moral y la corrupción, y teniendo en cuenta solamente a los EE.UU. como un ejemplo predominante y modelo de un Estado democrático, algunos indicadores deben ser suficientes como ilustración.
En los EE.UU., un Código de Regulaciones Federales —es decir, un documento con todas las reglas y regulaciones del gobierno— no existía al comienzo del periodo que estoy observando (de 1918 hasta 1937). Sin embargo, para 1960 el Código de Regulaciones Federales había llegado a 22.877 páginas, y para 2012 se había incrementado hasta un total de 174.545 páginas, subdividido en 50 títulos, regulando el más mínimo detalle de todo lo imaginable, desde la agricultura y la aeronáutica hasta el transporte, la fauna silvestre y la pesca. Mientras que la ley natural se compone de solo tres principios, a saber, la autopropiedad, la apropiación original, y la transferencia contractual de propiedad de un propietario anterior a uno nuevo; pues, en la actualidad, después de cien años de democracia, ningún aspecto de la producción y el consumo está libre y sin regular. Asimismo, al comienzo del periodo considerado aquí, no existía más que un puñado de «delitos federales» sobre cuestiones tales como «traición» o «soborno de funcionarios federales» (mientras que todos los crímenes «normales» eran definidos y enjuiciados por los Estados individuales). No obstante, para 1980 el número de «delitos federales» había crecido a cerca de 3.000, y en 2007 había llegado a 4.450, criminalizando no solo cada vez más acciones de delitos civiles y crímenes sin víctima, sino también cada vez más fines, pensamientos y el discurso.
Como segundo indicador del grado de corrupción es revelador contrastar el número total de la población con el número de dependientes del Estado. En la actualidad (y estos son números aproximados), la población total de los EE.UU. es de aproximadamente 320 millones de personas, o alrededor de 260 millones si restamos el número de personas por debajo de 18 años y habilitados para votar. Por el contrario, el número de personas que dependen total o principalmente de la financiación del Estado para su sustento incluye lo siguiente: El número de empleados estatales (teniendo en cuenta todos los niveles de gobierno) es alrededor de 22 millones. 46 millones de personas reciben «cupones de alimentos» en Estados Unidos. 66 millones de personas son beneficiarios de la «Seguridad Social». 8 millones de personas reciben un «seguro de desempleo». El gasto del gobierno federal tan solo en empresas con fines de lucro asciende a unos 500 mil millones de dólares, lo que representa, según una estimación realizada por Charles Murray, alrededor de 22% de la fuerza laboral estadounidense (y eso es aproximadamente 36 millones de personas).
Y por último, las organizaciones sin fines de lucro y las ONG, con ingresos anuales de más o menos 2 billones y casi 12 millones de empleados, recibieron alrededor de un tercio de su financiación del gobierno, que representa alrededor de otros 3 millones de dependientes. Todo esto da el total de dependientes del Estado cercano a los 181 millones de personas. Es decir, solo 79 millones de personas o alrededor de un tercio de la población de adultos de Estados Unidos de 260 millones (un tercio de eso) se puede decir que son financieramente en gran medida o enteramente independientes del Estado, mientras que cerca del 70% de la población adulta de Estados Unidos, o el 57% de la población total, deben ser contados como dependientes del Estado.
Finalmente, como tercer indicador de la degeneración moral y la corrupción, un vistazo a la parte superior del sistema del Estado democrático es instructivo, a saber, a los políticos y partidos políticos que conducen y dirigen el espectáculo democrático. En este sentido, así nos fijemos en Estados Unidos o en cualquiera de sus Estados satélites en Europa y en todo el mundo, el panorama es igualmente inequívoco y claro (e igualmente poco prometedor). Si se mide por las normas de la ley natural y la justicia, todos los políticos de todos los partidos, y prácticamente sin excepción, son culpables, ya sea directa o indirectamente, de asesinato, homicidio, intrusión, invasión, expropiación, robo, fraude y acaparo de bienes robados en una escala masiva y continua. Y cada nueva generación de políticos y partidos parece ser peor y apila aún más atrocidades y perversiones en la parte superior de la montaña ya existente, tanto que uno se siente casi nostálgico por el pasado.
Todos ellos deberían ser colgados, mandados a pudrirse en la cárcel o forzados a pagar compensación.
Pero: en lugar de eso, desfilan en público a plena luz del día y se proclaman a sí mismos —de manera pomposa, pretenciosa, arrogante y farisea— como santos bienhechores; como buenos samaritanos, servidores públicos desinteresados, benefactores y salvadores de la humanidad y la civilización humana. Asistidos por intelectuales contratados, le dicen al público en interminables repeticiones y variaciones que, al igual que en Alicia en el país de las maravillas, nada es lo que parece.
Cito del libro:
«Cuando uso una palabra», dijo Humpty Dumpty (Zanco Panco) en un tono más bien despectivo, «significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos».
«La pregunta es», dijo Alicia, «si puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes».
«La pregunta es», dijo Humpty Dumpty: «¿Quién ha de ser el amo? Eso es todo».
Y son los políticos quienes son los amos que estipulan que la agresión, la invasión, el asesinato y la guerra son en realidad defensa propia, mientras que la defensa propia es agresión, invasión, asesinato y guerra. La libertad es coerción, y la coerción es libertad. El ahorro y la inversión son consumo, y el consumo es ahorro e inversión. El dinero es papel, y el papel es dinero. Los impuestos son pagos voluntarios, y los precios pagados voluntariamente son impuestos explotadores. Los contratos no son contratos, y los no contratos son contratos. La expropiación es restitución, y la restitución es expropiación. De hecho, lo que podemos ver, oír o de otra manera percibir, no existe, y lo que no podemos ver, oír ni percibir, sí existe. Lo normal es anormal, y lo anormal es normal. El negro es blanco, y el blanco es negro. El varón es mujer, y la mujer es varón.
Peor aún, la abrumadora mayoría de la población, incluso muy por encima del número de dependientes del Estado, se enamora de estos disparates. Los políticos no son despreciados y ridiculizados, sino tenidos en gran estima, aplaudidos, admirados, e incluso glorificados por las masas. En su presencia, y en particular en presencia de personas «top», la mayoría de las personas se manifiesta sorprendida, sumisa y servil. De hecho, incluso los que se oponen o denuncian a un político o partido determinado, casi siempre lo hacen sólo para postularse y ser contratado por otro político o partido diferente pero igualmente absurdo y confuso. Y a los intelectuales, los cuales encuentran su propio eco de palabrería en el parloteo de este o aquel político o partido político, prácticamente se les cae la baba por estos.
Y por otro lado, el número de los que todavía se aferran a los principios de la ley natural y la justicia como la base de todo juicio moral, y de quienes evalúan el mundo contemporáneo, en consecuencia, como un «Absurdistan» —es decir, como un manicomio dirigido por locos megalómanos—, constituye hoy en día no más que una minoría minúscula de la población; más pequeña en tamaño incluso que el infame 1% de los «súper ricos» de la fama izquierdista (pero con poca superposición con este 1%). Y más pequeña todavía es la minoría de aquellos que reconocen también, aunque sea vagamente, la causa sistemática de este resultado. Y todos estos —es decir, las pocas personas sanas que quedan en el manicomio— están entonces bajo constante amenaza de los guardianes y celadores de este «Absurdistan» llamado democracia, y se los tacha de neandertales, reaccionarios, extremistas, preilustrados, tontos, sociópatas o incluso escoria.
Lo que me trae a la Property and Freedom Society (PFS) [Sociedad Propiedad y Libertad]. Debido a que la PFS reúne a propósito, y quiere atraer a la vez, precisamente a esos neandertales, tales parias sociales: personas que pueden ver a través del «Schmierentheater» (teatrucho) pasando delante de sus ojos, que han tenido suficiente con todos los políticos parlanchines y los mimados por los medios masivos, y que consecuentemente tienen sólo un deseo, a saber, salir, es decir, optar por salirse del sistema legal impuesto a ellos por el Estado democrático.
Pero dondequiera que estos neandertales estén residiendo, se encuentran a sí mismos en la misma situación: la salida está atrincherada o totalmente enrejada. La secesión del territorio del Estado no está permitida. Uno puede emigrar de un país a otro y, por tanto, dejar la jurisdicción del Estado A por otra jurisdicción del Estado B. Pero una vez que propiedades inamovibles siguen estando por tanto sujetas a la jurisdicción de A, y especialmente también en el caso de su venta, y del mismo modo sigue estando la transferencia de todas las propiedades movibles también sujeta a la jurisdicción de A. Es decir, nadie, en ningún lugar, puede salir con su propiedad intacta, ya sea quedándose o yéndose a otro lugar. Y no solo la secesión está prohibida y considerada traición por los políticos, sino que es vista como ilegítima —como eludir los deberes propios— también por la inmensa mayoría del público ‘educado’ o más bien, con el cerebro lavado. De este modo, la cuestión parece casi sin esperanzas para los neandertales.
La PFS no puede ofrecer una forma de salir de esa situación, por supuesto. Sus reuniones también deben tener lugar en el suelo y, como tales, están sujetas a la ley y jurisdicción del Estado. No puede siquiera darse por sentado que tener reuniones como las nuestras estará siempre y en todas partes permitido. Las reuniones de la PFS no pueden ofrecer nada más que un breve escape y respiro de nuestra vida real como los internos de un manicomio. Si no es en el suelo, entonces por lo menos en la realidad virtual de las ideas, el pensamiento y la argumentación.
Pero, por supuesto, estas reuniones tienen un propósito real. Quieren lograr un cambio en el mundo de las cosas. Como mínimo, quieren evitar que la cultura neandertal, es decir, la cultura de la ley natural, el orden y la justicia, se extinga del todo. Es decir, quieren ayudar, sostener y proporcionar alimento intelectual para esta especie cada vez más rara de gente y cultura.
Más ambiciosamente, sin embargo, la PFS quiere ayudar a estos denominados neandertales y su cultura a recuperar fuerzas en la opinión pública poniéndolos en exhibición y mostrándolos como una especie singularmente atractiva, fascinante y como contracultura.
Para lograr este objetivo, la PFS, en apariencia paradójicamente, se involucra en una política de estricta discriminación, es decir, de exclusión e inclusión. Por un lado, la PFS excluye y discrimina sistemáticamente a todos los representantes y promotores de la actual cultura dominante del Estado democrático: contra todos los políticos profesionales, jueces, fiscales, carceleros, asesinos, recaudadores de impuestos y banqueros del Estado, todos los belicistas y todos los defensores del socialismo, el positivismo jurídico, el relativismo moral y el igualitarismo, ya sea de «resultado» o de «oportunidad». Y por otro lado, positivamente, la PFS busca y admite solo a gente que ha adoptado para sí misma el dicho de Thomas Jefferson de que «no hay verdad que tema… o desee ocultar a todo el mundo»; que en consecuencia no conozca ningún «tabú» intelectual ni ninguna «corrección política»; y que se ha comprometido en cambio al radicalismo intelectual intransigente, dispuesta a seguir los dictados de la razón a donde sea que puedan conducir. Más específicamente, la PFS busca y admite solo a gente dedicada al reconocimiento de la propiedad privada adquirida con justicia y los derechos de propiedad, la libertad de contrato, la libertad de asociación y de desasociación, el libre comercio y la paz.
Siguiendo esta política estricta de discriminación, la PFS, después de diez años de su existencia, se ha consolidado, en mi opinión, como un verdadero monopolio en el mundo de las sociedades intelectuales: una sociedad formada por individuos excepcionales de todas las edades, orígenes intelectuales y profesionales y naciones, libre e impoluta de todos los estatistas y todo lo estatista, sin rival en la amplitud interdisciplinaria y la profundidad de su radicalismo, reunida en un bello entorno y unida en un espíritu de cordialidad y camaradería; una sociedad también, por supuesto, —como es de esperar— calumniada, despreciada e incluso odiada (aunque secretamente envidiada) por todos los sospechosos habituales. Pero, afortunadamente, aclamada por aquellos que han tenido la sabiduría y la fortuna de experimentarla.
A diferencia de otros monopolios normales, no obstante, no es mi objetivo preservar y mantener la actual posición de monopolio de la PFS. Muy por el contrario, al posicionar un ejemplo en la producción de un producto en general atractivo y muy bonito —‘un bien público producido en privado si se quiere’—, es mi esperanza que la actual posición de monopolio de la PFS sea sólo una temporal, y que su ejemplo sirva de inspiración para los demás, y que surjan cada vez más y más asociaciones y reuniones similares poniendo cada vez más a la defensiva a la cultura dominante del Estado democrático y exponerla abiertamente al escarnio público que tanto merece.
Hay algunos signos positivos: el Instituto Mises en Estados Unidos puso en marcha alguna gira los fines de semana; mientras que en Viena se intenta algo como esto, algo similar, Andre Lichtschlag, de Eigentuemlich-Frei, imita lo que hago ahora de cierta manera. Sin embargo, me temo que no es fácil igualar esto, no es una tarea fácil y la PFS ha de mantener su estatus único por un buen rato. Personalmente, tengo la intención de continuar con este proyecto siempre que yo, y aún más importante, siempre que la fuerza de Gülcin [Gülçin Imre Hoppe] lo sostenga. Y aún más importante, siempre que ustedes sigan viniendo y apoyando efectivamente la empresa intelectual y el producto que es la PFS.
Traducción original revisada y corregida por Oscar Eduardo Grau Rotela. El material original se encuentra aquí.
