This a Spanish translation of Hoppe’s Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Economic Order (1990). The article was originally publishedon The Review of Austrian Economics. This publication is a revised version of an original Mises Institute translation.
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La banca, los Estados nacionales y la política internacional: una reconstrucción sociológica del orden económico actual
En este ensayo, publicado originalmente en 1990 en la revista The Review of Austrian Economics, Hans-Hermann Hoppe ofrece el camino que los Estados tomarían para crear un Estado, un banco central y una moneda mundiales. Dio casi en el clavo.
Para explicar el surgimiento del trueque no se requiere más que la suposición de un interés propio estrechamente definido. Si y en la medida en que el hombre prefiere más opciones y bienes a menos, elegirá el trueque y la división del trabajo por encima de la autosuficiencia.
La aparición del dinero a partir del trueque se deriva del mismo interés estrecho. Si y en la medida en que el hombre está integrado en una economía de trueque y prefiere un nivel de vida más alto a uno más bajo, elegirá seleccionar y apoyar un medio de intercambio común. Al seleccionar el dinero, puede superar la restricción fundamental impuesta al intercambio por una economía de trueque, es decir, la de exigir la existencia de una doble coincidencia de necesidades. Con el dinero se amplían sus posibilidades de cambio. Todo bien se convierte en intercambiable entre sí, independientemente de las dobles coincidencias o divisibilidades imperfectas. Y con este intercambio ampliado, el valor de todos y cada uno de los bienes en su poder aumenta.
Dado que el hombre está integrado en una economía de intercambio, el interés propio lo obliga a buscar bienes particularmente comerciales que tengan propiedades monetarias deseables, tales como divisibilidad, durabilidad, reconocibilidad, portabilidad y escasez, y demandar tales bienes no por su propio interés, sino por el bien de emplearlos como medios de intercambio. Y es en su propio interés elegir esa mercancía como su medio de intercambio que también es utilizado como tal más comúnmente por otros. De hecho, es la función del dinero facilitar el intercambio, ampliar el rango de posibilidades de intercambio y, por lo tanto, aumentar el valor de los bienes de uno (en la medida en que se perciben como integrados en una economía de intercambio). Por lo tanto, cuanto más ampliamente se utiliza un producto como dinero, mejor desempeñará su función monetaria. Impulsado por un interés personal limitado, el hombre siempre preferirá un medio de intercambio más general y, si es posible, universal, a uno menos general o no universal. Cuanto más común es el dinero, más amplio es el mercado en el que se integra, más racionales son los cálculos de valor y costo (desde el punto de vista de alguien que desea la integración económica y la maximización de la riqueza), y mayores son los beneficios que se pueden obtener de la división de trabajo.1
Empíricamente, por supuesto, la mercancía que una vez fue elegida como el mejor dinero por ser el más universal es el oro. Sin la coacción gubernamental, el oro sería nuevamente seleccionado para el futuro previsible como la mercancía que mejor desempeña la función de dinero. El interés propio llevaría a todos a preferir el oro —como un medio de intercambio universalmente utilizado— a cualquier otro dinero. En la medida en que cada individuo se perciba a sí mismo y sus posesiones como integrados en una economía de intercambio, preferiría la contabilidad en términos de oro en lugar de cualquier otro dinero, porque la aceptación universal del oro hace que esa contabilidad sea la expresión más completa de los costos de oportunidad de uno y, por lo tanto, sirve como la mejor guía en los intentos de maximizar la riqueza. Todos los demás dineros se dejarían de usar rápidamente, porque cualquier cosa menos que un dinero estrictamente universal e internacional como el oro —es decir, el dinero nacional o regional— contradeciría el propósito mismo de tener dinero en primer lugar. El dinero ha sido inventado por el hombre interesado en aumentar su riqueza al integrarse en un mercado cada vez más amplio y, en última instancia, universal. En el camino de la búsqueda del interés personal, el dinero nacional o regional sería rápidamente superado y suplantado por el oro, porque solo el oro hace que la integración económica se complete y se comercialice en todo el mundo, cumpliendo así la función final del dinero como un medio común de intercambio.2
La aparición del dinero, de dineros cada vez mejores, y finalmente de un dinero universal, el oro libera energías productivas que antes permanecían frustradas e inactivas debido a las restricciones de la doble coincidencia de deseos en el proceso de intercambios (como la existencia de dineros en competencia con tipos de cambio que fluctúan libremente). Bajo el trueque, el mercado para la producción de un productor está restringido a instancias de coincidencias de doble deseo. Con todos los precios expresados en términos de oro, el mercado del productor lo abarca todo, y la demanda tiene efecto sin restricciones por la ausencia de coincidencias dobles a escala mundial. En consecuencia, la producción aumenta y aumenta más con el oro que con cualquier otro dinero. Con el aumento de la producción, el valor del dinero a su vez aumenta; y el mayor poder de compra del dinero reduce la demanda de reserva de la misma, disminuye la tasa efectiva de preferencia temporal (la tasa de interés originaria) y conduce a una mayor formación de capital. Se pone en marcha un proceso de desarrollo económico en espiral ascendente.
Este desarrollo crea la base para el surgimiento de bancos como instituciones especializadas en el manejo de dinero. Por un lado, los bancos se adelantan para satisfacer la creciente demanda de custodia, transporte y liquidación de dinero. Por otro lado, cumplen la función cada vez más importante de facilitar los intercambios entre capitalistas (ahorradores) y empresarios (inversionistas), lo que hace posible una división casi total del trabajo entre estos roles. Como instituciones de depósito y, en particular, como instituciones de ahorro y crédito, los bancos rápidamente asumen el rango de centros nerviosos de una economía. Cada vez más, la asignación y coordinación espacial y temporal de los recursos y actividades económicas se lleva a cabo a través de la mediación de los bancos; y al facilitar dicha coordinación, el surgimiento de bancos implica otro estímulo para el crecimiento económico.3
Si bien es de interés económico de todos que solo haya un dinero universal y una sola unidad de cuenta, y el hombre en su búsqueda de maximizar la riqueza no se detendrá hasta que se alcance este objetivo, es contrario a tal interés que solo haya un banco o un sistema bancario monopólico. Más bien, el interés propio ordena que todos los bancos usen el mismo dinero universal —el oro— y que entonces no haya competencia entre los diferentes dineros, sino que debe existir la libre competencia entre los bancos y los sistemas bancarios, todos los cuales usan el oro. Solo en la medida en que exista la libre entrada en la banca, habrá una relación costo-eficiencia en esto como en cualquier otro negocio; sin embargo, solo en la medida en que esta competencia se refiera a servicios prestados en términos de un solo producto monetario, la banca libre podrá cumplir la función misma del dinero y la banca, es decir, facilitar la integración económica en lugar de la desintegración, ampliar el mercado y expandir la división del trabajo en lugar de restringirlos, hacer que la contabilidad del valor y los costos sea más racional en lugar de menos racional, y por ende de aumentar la riqueza económica en lugar de disminuirla. La noción de competencia entre los dineros es una contradictio in adiecto. Estrictamente hablando, un sistema monetario con dineros rivales de tipos de cambio que fluctúan libremente sigue siendo un sistema de trueque (parcial), plagado del problema de requerir dobles coincidencias de necesidades para que (algunos) intercambios tengan lugar. La existencia de tal sistema es disfuncional del propósito mismo del dinero.4 Al perseguir libremente su propio interés, el hombre lo abandonaría de inmediato, y sería un error fundamental con respecto a la esencia del dinero pensar del libre mercado no solamente en términos de bancos en competencia, sino también en términos de dineros competidores.5 Los dineros competidores no son el resultado de las acciones del libre mercado, sino que son invariablemente el resultado de la coerción, de los obstáculos impuestos por el Estado colocados en el camino de la conducta económica racional.
Con la banca libre basada en el patrón oro universal emergente, se logra el objetivo de lograr la solución más rentable para coordinar y facilitar los intercambios interespaciales e intertemporales en el marco de un mercado integrado universalmente. Los precios por el servicio de custodia, transporte y compensación de dinero, así como por adelantar dinero en contratos de tiempo, caerían a sus niveles más bajos posibles bajo un régimen de libre entrada. Y dado que estos precios se expresarían en términos de un dinero universal, realmente reflejarían los costos mínimos de proporcionar servicios integradores de mercado.
Además, la competencia bancaria combinada con el hecho de que el dinero debe surgir como una mercancía —como el oro— que además de su valor como dinero tiene un valor de mercancía y de este modo no puede producirse sin un gasto significativo en costos, también proporciona la mejor protección posible contra la banca fraudulenta.
Como instituciones de depósito de dinero, los bancos —como otras instituciones que depositan productos fungibles aunque aún más en el caso de los bancos debido a la función especial del dinero mercancía— están tentados a emitir recibos de depósito «falsos», es decir, notas de depósito no cubiertas por dinero real, tan pronto como dichos billetes de banco hayan asumido el papel de sustitutos del dinero y sean tratados por los participantes del mercado como equivalentes incuestionables del dinero real depositado realmente. En esta situación, al emitir billetes falsos o fiduciarios que físicamente no se pueden distinguir de los sustitutos de dinero genuinos, un banco puede —de manera fraudulenta y a costa de otro— aumentar su propia riqueza. Puede comprar productos directamente con esas notas falsas y, por lo tanto, enriquecerse de la misma manera que cualquier falsificador simple. La riqueza real del banco y la riqueza de los primeros receptores del dinero aumentan a través de estas compras, y al mismo tiempo y por la misma acción la riqueza de quienes reciben el nuevo dinero tarde o no disminuye en absoluto, debido a las consecuencias inflacionarias de falsificación o un banco puede usar ese dinero fiduciario para expandir su crédito y ganar intereses con él. Una vez más se produce una redistribución fraudulenta de ingresos y riqueza a favor del banco.6 Sin embargo, además, esta vez se inicia también un ciclo de auge y declive: a una tasa de interés más baja, el crédito recién otorgado provoca un aumento de las inversiones e inicialmente crea un auge que no se puede distinguir de una expansión económica; sin embargo, este auge debe cambiar porque el crédito que lo estimuló no representa ahorros reales, sino que se creó de la nada. Por lo tanto, con toda la estructura de inversión nueva y ampliada en curso, debe surgir una falta de capital que haga que la finalización exitosa de todos los proyectos de inversión sea sistemáticamente imposible y, en cambio, requiera una contracción con una liquidación de malas inversiones anteriores.7
Bajo el patrón oro, cualquier banco o sistema bancario (incluido uno monopólico) se vería limitado por su propia inclinación a sucumbir a tales tentaciones por dos requisitos esenciales para una falsificación exitosa. Por un lado, el público bancario no debe sospechar de la confiabilidad del banco —es decir, su vigilancia antifraude debe ser baja— ya que de lo contrario una corrida bancaria revelaría rápidamente el fraude cometido. Y, por otro lado, el banco no puede inflar sus notas a un ritmo tal que el público pierda la confianza en el poder de compra de las notas, reduzca su demanda de reservas para ellas y huya hacia valores «reales», incluido el dinero real, y por lo tanto lleva al falsificador a la bancarrota. Sin embargo, bajo un sistema de banca libre, sin leyes legales y oro como dinero, surge una restricción adicional sobre el posible fraude bancario. Para entonces, cada banco se enfrenta a la existencia de no clientes o clientes de diferentes bancos. Si, en esta situación, un banco pone en circulación un dinero falso adicional, se debe considerar invariablemente que el dinero puede terminar en manos de no clientes que exigen un canje inmediato, que el banco no podría dar sin al menos una dolorosa contracción crediticia. De hecho, tal contracción correctiva solo podría evitarse si el dinero fiduciario adicional se destinara exclusivamente a las reservas de efectivo de los propios clientes del banco y fueran utilizados exclusivamente para transacciones con otros clientes. Sin embargo, dado que un banco no tendría forma de saber si se podría lograr o no un resultado tan específico, o cómo lograrlo, la amenaza de una siguiente contracción del crédito actuaría como un impedimento económico ineludible de cualquier fraude bancario.8
El Estado y la monopolización del dinero y la banca
El orden económico actual se caracteriza por el dinero nacional en lugar de un dinero universal; por dinero fiduciario en lugar de una mercancía como el oro; por la banca central monopólica en lugar de la banca libre; y por el fraude bancario permanente, y repetidamente, la redistribución del ingreso y la riqueza, la inflación permanente y los ciclos económicos recurrentes como sus contrapartes económicas, en lugar del 100% de reserva bancaria sin ninguna de estas consecuencias.
En total contradicción, entonces, al interés propio del hombre de maximizar la riqueza a través de la integración económica, los diferentes intereses antieconómicos que prevalecen sobre los económicos deben ser responsables del surgimiento del orden monetario contemporáneo.
Uno puede adquirir y aumentar la riqueza ya sea a través de la hacienda, la producción y el intercambio contractual, o mediante la expropiación y la explotación de los propietarios, productores o de aquellos que intercambian contractualmente. No hay otras maneras. Ambos métodos son naturales para la humanidad. Junto al interés en producir y contratar, ha habido siempre un interés en la adquisición no productiva y no contractual de bienes y riqueza. Y en el curso del desarrollo económico, así como el interés anterior puede llevar a la formación de empresas productivas, compañías y corporaciones, también lo último puede conducir a empresas de gran escala y engendrar gobiernos o Estados.9
El tamaño y el crecimiento de una empresa productiva se ven limitados, por un lado, por la demanda voluntaria de los consumidores, y por el otro, por la competencia de otros productores que continuamente obliga a cada empresa a operar con los costos más bajos posibles si desea mantenerse en el negocio. Para que una empresa de este tipo crezca en tamaño, las necesidades de los consumidores más urgentes deben atenderse de la manera más eficiente. Nada más que las compras voluntarias de los consumidores apoyan su tamaño.
Las restricciones sobre el otro tipo de institución —el Estado— son completamente diferentes.10 Por un lado, es obviamente absurdo decir que su aparición y crecimiento están determinados por la demanda en el mismo sentido que una empresa económica. No se puede decir por ningún lado de la imaginación que los propietarios, los productores y los intercambiadores contractuales que deben entregar (parte de) sus activos a un Estado han exigido tal servicio. En cambio, están obligados a aceptarlo, y esto es una prueba concluyente del hecho de que el servicio no está en absoluto en demanda. Por otro lado, el Estado tampoco está limitado de la misma manera por la competencia que una empresa productiva. A diferencia de tal empresa, el Estado no debe mantener sus costos de operación al mínimo, sino que puede operar a costos por encima del mínimo, ya que puede transferir sus costos más altos a sus competidores mediante la imposición de impuestos o la regulación de su comportamiento. De este modo, si bien un Estado emerge, entonces, lo hace a pesar del hecho de no ser demandado ni eficiente.
En lugar de estar restringido por las condiciones de costo y demanda, el crecimiento de una empresa explotadora está limitado por la opinión pública: las adquisiciones de propiedad no productivas y no contractuales requieren coerción, y la coerción crea víctimas. Es concebible que la resistencia pueda romperse por la fuerza en el caso de un hombre (o un grupo de hombres) que explota a uno o tal vez dos o tres más (o un grupo de aproximadamente el mismo tamaño). Sin embargo, es inconcebible imaginar que la fuerza por sí sola puede explicar la descomposición de la resistencia en el caso realmente familiar de pequeñas minorías que expropian y explotan poblaciones de diez, cientos o miles de veces su tamaño. Para que esto ocurra, una empresa debe contar con el apoyo público además de la fuerza coercitiva. La mayoría de la población debe aceptar sus operaciones como legítimas. Esta aceptación puede ir desde entusiasmo activo hasta resignación pasiva. Pero la aceptación debe ser en el sentido de que la mayoría debe haber renunciado a la idea de resistir activa o pasivamente cualquier intento de imponer adquisiciones de propiedad no productivas y no contractuales. En lugar de mostrar indignación por tales acciones, de mostrar desprecio por todos los que se involucran en ellas, y de no hacer nada para ayudarlos a tener éxito (sin mencionar tratar activamente de obstruirlos), la mayoría debe apoyarlos de manera activa o pasiva. La opinión pública que apoya al Estado debe contrarrestar la resistencia de los dueños de propiedades victimizadas de tal manera que la resistencia activa parezca inútil. Y el objetivo del Estado, entonces, y de cada empleado del Estado que quiera contribuir a asegurar y mejorar su propia posición dentro del estado, es y debe ser el de maximizar la riqueza y los ingresos de forma explotadora mediante la creación de una opinión pública favorable y la legitimidad.
Hay dos medidas complementarias disponibles para el Estado que intenta lograr esto. Primero, hay propaganda ideológica. Se gasta mucho tiempo y esfuerzo persuadiendo al público de que las cosas no son realmente como parecen: la explotación es realmente libertad; los impuestos son realmente voluntarios. Las relaciones extracontractuales son realmente «conceptualmente» contractuales;11 nadie está gobernado por nadie, pero todos nos gobernamos a nosotros mismos; sin el Estado no existe ni ley ni seguridad; y los pobres perecerían, etc.
En segundo lugar, hay redistribución. En lugar de ser un mero consumidor parasitario de bienes que otros han producido, el Estado redistribuye parte de su riqueza apropiadamente coercitiva a personas que se encuentran fuera del aparato estatal y, por lo tanto, intenta corromperlos para que asuman roles de apoyo al Estado.
Pero no cualquier redistribución servirá. Así como las ideologías deben servir a un propósito estatista, la redistribución también debe hacerlo. La redistribución requiere gastos y, por lo tanto, necesita una justificación. No lo realiza el Estado simplemente para hacer algo bueno por algunas personas, como, por ejemplo, cuando alguien le da un regalo a otra persona. Tampoco se hace simplemente para obtener un ingreso lo más alto posible de los intercambios, como cuando un negocio económico ordinario se involucra en el comercio. Se lleva a cabo con el fin de garantizar la existencia y expansión de la explotación y la expropiación. La redistribución debe servir a este propósito estratégico. Sus costos deben justificarse en términos de un aumento de los ingresos y la riqueza del Estado. Los empresarios políticos a cargo del aparato estatal pueden equivocarse en esta tarea, al igual que los empresarios comunes, porque sus decisiones sobre qué medidas redistributivas sirven mejor para este propósito deben tomarse en anticipación de sus resultados reales. Y si se producen errores empresariales, los ingresos del Estado en realidad pueden disminuir en lugar de aumentar, posiblemente incluso poniendo en peligro su propia existencia. El propósito mismo de la política estatal y la función del espíritu empresarial político es evitar tales situaciones y elegir, en cambio, una política que aumente el ingreso estatal.
Si bien no se pueden predecir las formas particulares de políticas redistributivas ni sus resultados particulares, sino que cambian con las circunstancias cambiantes, la naturaleza del Estado aún requiere que su política redistributiva deba seguir un cierto orden y mostrar una cierta regularidad estructural.12
Como una empresa dedicada a maximizar la riqueza apropiada explotadoramente, la primera y principal área del Estado en la que aplica medidas redistributivas es la producción de seguridad, es decir, la policía, la defensa y un sistema judicial. En última instancia, el Estado se basa en la coacción y, por lo tanto, no puede prescindir de las fuerzas armadas. Cualquier fuerza armada en competencia, que naturalmente surgiría en el mercado para satisfacer una demanda genuina de servicios de seguridad y protección, es una amenaza para su existencia. Deben ser eliminados. Hacer esto es arrogarse el trabajo y convertirse en el proveedor y redistribuidor monopolístico de los servicios de protección para un territorio definido. De manera similar, un sistema judicial en competencia supondría una amenaza inmediata para la reclamación de legitimidad de un Estado. Y nuevamente, por el bien de su propia existencia, el sistema judicial también debe estar monopolizado y los servicios legales deben incluirse en los esquemas redistributivos.
La naturaleza del Estado como institución comprometida con la agresión organizada también explica la importancia del próximo campo de las actividades redistributivas: la del tráfico y la comunicación. No puede haber una explotación regular sin control monopolístico de ríos, costas, vías marítimas, calles, ferrocarriles, aeropuertos, correo y sistemas de telecomunicaciones. Por lo tanto, estas áreas, también, deben convertirse en el objeto de la redistribución.
De similar importancia es el campo de la educación. Dependiendo de cómo lo haga sobre la opinión pública y su aceptación de las acciones del Estado como legítimas, es esencial para un Estado que se elimine la competencia ideológica desfavorable en la medida de lo posible y que se difundan las ideologías estatistas. El Estado intenta lograr esto proporcionando servicios educativos sobre una base redistributiva.
Impulsado por un sistema de educación estatal, la siguiente área crucial para la redistribución es la redistribución del poder estatal en sí mismo, es decir, el derecho asumido por el Estado para expropiar, explotar y redistribuir los activos apropiados no productivos. En lugar de seguir siendo una institución que restringe la entrada en sí misma y/o en posiciones gubernamentales particulares, un Estado cada vez más, y por razones estratégicas obvias, adopta una estructura organizativa que en principio abre todas las posiciones a todos y otorga derechos iguales y universales de participación y competencia. En la determinación de la política estatal. Todos —no solo una «nobleza» privilegiada— reciben una participación legal en el Estado para reducir la resistencia al poder estatal.13
Con la monopolización de la ley y la seguridad, la producción, el tráfico, la comunicación y la educación, así como la democratización del gobierno estatal en sí, todas las características del Estado moderno han sido identificadas, excepto una: la monopolización estatal del dinero y la banca. Para todos excepto para este se ha explicado —aunque sea brevemente— cómo pueden y deben entenderse como funciones estratégicas de desempeño: por qué y cómo no son contribuciones productivas normales determinadas por las fuerzas de la oferta y la demanda o simplemente por las buenas acciones, sino por actividades redistributivas que sirven el propósito de estabilizar y, si es posible, aumentar el ingreso y la riqueza del Estado apropiados de manera explotadora.
La monopolización del dinero y la banca es el pilar fundamental sobre el que descansa el Estado moderno. De hecho, probablemente se ha convertido en el instrumento más preciado para aumentar los ingresos del Estado. Porque en ningún otro lugar puede el Estado establecer la conexión entre el gasto de la redistribución y el retorno de la explotación de forma más directa, rápida y segura que mediante la monopolización del dinero y la banca. Y en ningún otro lugar se entienden menos claramente los esquemas del Estado que aquí.
Prefiriendo —como todos— un ingreso mayor a uno menor, aunque —no como otros— estando en el negocio de las adquisiciones no productivas y no contractuales de propiedad, la posición del Estado respecto al dinero y a la banca es obvia: sus objetivos son mejor servidos por un dinero fiduciario puro controlado monopolísticamente por el Estado. Porque sólo entonces se eliminan todas las barreras a la falsificación (menos un desglose completo del sistema monetario a través de la hiperinflación) y el Estado puede aumentar sus propios ingresos y riquezas a expensas de otros prácticamente sin costo y sin tener que temer la bancarrota.14
Sin embargo, existen obstáculos para alcanzar este estado de cosas envidiables. Por un lado, está el hecho inexorable de que el dinero solo puede surgir como una mercancía. Es imposible empezar con dinero fiduciario.15 Por otro lado, existe el problema de que si bien el enriquecimiento a través de la falsificación es, sin duda, menos evidente que hacerlo a través de los impuestos, es aun así una medida destinada a ser notada, sin duda por los bancos, sobre todo si ocurre regularmente. Y así también es imposible que el Estado se salga con la suya respecto a la falsificación institucionalizada a menos que pueda combinarse con medidas redistributivas que puedan provocar otro cambio favorable en la opinión pública.
Este problema y el deseo natural del Estado determinan esencialmente el curso de sus acciones.
Como resultado de los procesos de libre mercado, el Estado encuentra el oro establecido como dinero y un sistema de banca libre. Su objetivo es la destrucción de este sistema y, con ello, la eliminación de todos los obstáculos para la falsificación. Técnicamente (ignorando por el momento todas las dificultades psicológicas involucradas en esto), se dicta la secuencia de pasos que se deben tomar para lograr este objetivo. En un primer paso, la acuñación de oro debe ser monopolizada por el Estado. Esto tiene el propósito de desinternacionalizar el oro psicológicamente cambiando el énfasis del oro como se denomina en términos universales de peso al oro como se denomina en términos de etiquetas fiduciarias. Y elimina un primer obstáculo importante hacia la falsificación porque le brinda al Estado los medios institucionales para enriquecerse mediante un proceso sistemático de degradación de la moneda.
En segundo lugar, el uso de sustitutos de dinero en lugar de oro real debe fomentarse sistemáticamente y esta tendencia debe estar respaldada por la promulgación de leyes de curso legal. El proceso de falsificación se vuelve así mucho menos costoso. En lugar de tener que volver a imprimir oro, solo se deben imprimir billetes de papel.
Sin embargo, el problema ya mencionado anteriormente sigue siendo que mientras un sistema de banca libre esté en funcionamiento, no se puede impedir que las notas falsificados regresen al emisor de la nota con la solicitud de canje, y que luego él no puede —al menos no sin un ajuste contractivo— cumplir con sus obligaciones. Para superar este obstáculo, en el próximo paso, el Estado debe monopolizar el sistema bancario o forzar a los bancos competidores a formar parte de un cártel bajo la tutela de su propio banco central operado por el Estado. Una vez que está al mando de un sistema bancario monopolizado o cartelizado, el Estado puede poner en práctica el proceso coordinado y conjunto de falsificación de todo el sistema bancario que evite este riesgo.
En el siguiente paso, el oro debe ser nacionalizado, es decir, el Estado debe exigir a todos los bancos que depositen su oro en el banco central y realicen sus negocios exclusivamente con sustitutos de dinero en lugar de oro. De esta manera, el oro desaparece del mercado como un medio de intercambio realmente utilizado y, en cambio, las transacciones cotidianas se caracterizan cada vez más por el uso de billetes del banco central.
Finalmente, ya que el oro ya está fuera de la vista y en posesión exclusiva del Estado, el Estado debe cortar el último vínculo con el oro, incumpliendo sus obligaciones contractuales y declarando que sus notas son irredimibles. Construido sobre las ruinas de oro, que como un patrón de dinero mercancía inicialmente hizo posible que las notas de papel realmente pudieran adquirir cualquier poder de compra, se ha erigido un patrón de dinero fiduciario puro y ahora puede mantenerse en funcionamiento, entregando finalmente al Estado el poder ilimitado de falsificación por el que había estado compitiendo.
El objetivo de una completa autonomía de falsificación también dicta la estrategia que debe perseguirse en el frente psicológico. Obviamente, al acercarse a su objetivo final, el Estado crea víctimas y, por lo tanto, también necesita una opinión pública favorable. Su ascenso al poder de falsificación absoluta debe ir acompañado de medidas redistributivas que generen el apoyo necesario para superar todas las fuerzas de resistencia que se aproximan. Hay que buscar aliados.
Con respecto a la monopolización estatal de la ley y el orden, la comunicación y educación del tráfico y la democratización de su estructura organizativa —si bien está claro que todas son medidas redistributivas y, como tales, implican favorecer a una persona a costa de otra— es difícil si no imposible identificar a los ganadores y perdedores con clases sociales definidas: puede haber ganadores (o perdedores) a través de diferentes clases; dentro de una clase social puede haber ganadores y perdedores; y el patrón de redistribución puede cambiar con el tiempo. En todos estos casos, el vínculo entre los gastos redistributivos del Estado y sus pagos es solo indirecto; ya sea que ciertos gastos en educación, por ejemplo, se paguen en términos de un aumento del ingreso estatal, solo se harán visibles en una fecha posterior; e incluso entonces será difícil atribuir ese resultado a una causa definida. En el caso de la monopolización del dinero y la banca, en la otra banda, quienes, fuera del aparato del propio Estado, serán los benefactores de sus políticas redistributivas y quiénes son los perdedores de inmediato; y sociológicamente, los benefactores pueden identificarse fácilmente con una clase social específica. En este caso, la conexión entre los favores redistributivos que entregan el Estado y su propio enriquecimiento es directa y en circuito cerrado; y la atribución de causas es obvia: el Estado está obligado a hacer de los bancos y la clase social de los banqueros sus cómplices al permitirles participar en sus operaciones de falsificación y enriquecerse junto con el enriquecimiento propio del Estado.
Los banqueros serían los primeros en tomar conciencia de los intentos de falsificación del Estado. Sin incentivos especiales al contrario, no tendrían ninguna razón para apoyar tales acciones y todas las razones para descubrirlas y detenerlas lo más rápido posible. Y el Estado no se encontraría con ninguna oposición aquí: los banqueros, debido a su posición exaltada en la vida económica y, en particular, debido a su interconexión de gran alcance como grupo profesional, resultado de la naturaleza de su actividad como facilitadores de intercambios interespaciales e intertemporales, sería la oposición más formidable que uno podría encontrar. El incentivo necesario para convertir a tales enemigos potenciales en aliados naturales es la oferta del Estado para que se cuelen en sus propias maquinaciones fraudulentas. Familiarizados con las ideas de falsificación y su gran potencial para el propio enriquecimiento, pero sabiendo, también, que no existe ninguna posibilidad de participar sin correr el riesgo inmediato de quiebra bajo una banca libre y competitiva y un estándar de oro, los banqueros se enfrentan a una tentación casi irresistible. Acompañar la política estatal de monopolizar el dinero y la banca también significa cumplir los propios sueños de enriquecerse rápidamente. No solamente el Estado entra en vigencia una vez que se establece un estándar de dinero fiduciario puro. Siempre y cuando el Estado les conceda el privilegio de falsificar además de sus propios billetes falsificados bajo un régimen monetario de menos del 100% de reserva bancaria, con el banco central funcionando como un falsificador de último recurso, los bancos pueden ser fácilmente persuadidos de considerar el establecimiento de tal sistema monetario como su objetivo final y como una panacea universal.16
Económicamente, esta coalición entre el Estado —como el socio dominante— y el sistema bancario —como su asociado— conduce a una inflación permanente (limitada solo por el imperativo de no exagerar y causar un colapso de todo el sistema monetario), a la expansión del crédito y los ciclos recurrentes de auge y declive, y a una suave redistribución ininterrumpida de los ingresos y la riqueza a favor del Estado y de los bancos.
Aún más importantes, sin embargo, son las implicaciones sociológicas de esta alianza: con su formación, una clase dominante cuyos intereses están estrechamente vinculados con los del Estado se establece dentro de la sociedad civil. A través de su cooperación, el Estado ahora puede extender su poder coercitivo a prácticamente todos los ámbitos de la sociedad.
Antes del establecimiento de la alianza bancaria estatal, la separación sociológica entre Estado y sociedad, es decir, entre una clase dominante explotadora y una clase de productores explotados, es casi completa y claramente visible. Aquí hay una sociedad civil que produce toda la riqueza económica; y está el Estado y sus representantes que se basan en lo que otros han producido. Las personas son miembros de la sociedad civil o del Estado y ven sus propios intereses relacionados con el primero o el segundo. Sin duda, hay actividades redistributivas en marcha que favorecen a partes de la sociedad a expensas de otras y que ayudan a desviar los intereses de la búsqueda de integración económica a la de apoyar la explotación. Sin embargo, la corrupción social no es sistemática en esta etapa. No es la corrupción de las clases sociales las que están conectadas en toda la sociedad, sino la corrupción de varios individuos o grupos dispares y dispersos. Y estos intereses solo están conectados con los del Estado de manera bastante tenue a través de ciertas actividades estatales redistributivas específicas, en lugar de a través de una «conexión de efectivo» directa.
Con la formación de una alianza de la banca y el Estado, todo esto se vuelve diferente. Existe una conexión de efectivo entre partes de la sociedad civil y el Estado, y nada une a las personas más estrechamente que los intereses financieros conjuntos. Además, esta conexión se establece entre el Estado y lo que se puede identificar no solo como una clase social estrechamente interconectada, sino también como una de las más influyentes y poderosas. De hecho, no solo los bancos se unen a los intereses del Estado y su política de explotación. Los principales clientes de los bancos, el establecimiento comercial y los líderes de la industria también se integran profundamente en los esquemas de falsificación del Estado. Porque son ellos quienes —aparte del Estado y los bancos— son los primeros receptores de la mayoría del dinero falsificado que se crea regularmente. Al recibir el dinero falsificado antes de que se extienda gradualmente a través del sistema económico y, por lo tanto, cambie los precios relativos y aumente el nivel general de precios, y al recibir crédito a tasas de interés bajadas de manera fraudulenta, también se enriquecen a expensas de todos los ahorradores y todos los receptores posteriores o no de este dinero.17
Además, esta coalición financiera entre el establecimiento industrial, los bancos y el Estado tiende a ser reforzada por cada curso sucesivo de eventos. La expansión del crédito conduce a un aumento de la inversión y —dado que no está cubierta por un aumento en los ahorros genuinos— resultará inevitablemente en una contracción correctiva. Para evitar pérdidas o incluso la quiebra, los clientes de los bancos se acercarán al sistema bancario con una mayor demanda de liquidez (es decir, dinero). Naturalmente, para evitar pérdidas, los bancos están ansiosos por ayudar a sus clientes, y cuanto más establecido está el cliente, más ansiosos están. Incapaces de hacer esto por su cuenta, se dirigen al Estado y su banco central. Y al Estado, entonces, se le ofrece otra oportunidad de enriquecerse, acepta y proporciona al sistema bancario y, por extensión, al establecimiento comercial, la liquidez necesaria mediante una nueva ronda de falsificación. La alianza se renueva, y el Estado ha reafirmado su papel dominante al evitar que la élite industrial y bancaria establecida se desmorone frente a la competencia económica y permitiéndoles, en cambio, preservar el statu quo o incluso aumentar la riqueza ya concentrada en sus manos. Hay razones para estar agradecidos y para corresponder con un apoyo público vigorizado para el Estado y su propaganda.
Sin duda, esta coalición entre el Estado y la élite del poder económico de ninguna manera implica una identidad completa de intereses. Las diversas empresas industriales establecidas pueden tener intereses diferentes o incluso contrarios; y lo mismo es cierto para los bancos. Del mismo modo, los intereses de los bancos y los clientes comerciales pueden ser diferentes en muchos aspectos. Los intereses de la élite industrial o los bancos tampoco coinciden completamente con los del Estado. Después de todo, tanto los bancos como las empresas industriales están en el negocio «normal» de hacer dinero a través de la producción y los intercambios productivos, independientemente de las otras fuentes de adquisición de ingresos que tengan disponibles. Y en esta función, sus intereses pueden chocar con el deseo estatal de impuestos, por ejemplo. No obstante, el establecimiento de un sistema de dinero y banca monopolizados todavía crea un interés común a todos ellos: un interés en la preservación del aparato estatal y la institución de medios políticos (es decir, explotadores) de apropiación de ingresos como tales. No solamente el Estado y su banco central podían destruir a cualquier banco comercial e, indirectamente, prácticamente a cualquier empresa industrial; esta amenaza es más severa cuanto más establecida está una empresa. El Estado también podría ayudar a que todos se vuelvan más ricos, y más si ya son ricos. Por lo tanto, cuanto más haya que perder de la oposición y ganar con el cumplimiento, más intensivos serán los intentos de la élite del poder económico para infiltrarse en el aparato estatal y hacer que los líderes estatales asuman intereses financieros en el mundo de los negocios. Los banqueros y los industriales se convierten en políticos; y los políticos toman posiciones en la banca y la industria. Un sistema social emerge y es cada vez más característico del mundo moderno en el que el Estado y una clase estrechamente asociada de líderes bancarios y empresariales explotan a todos los demás.18, 19
La política internacional y el orden monetario internacional
Los intereses económicos del hombre, es decir, sus intereses en mejorar sus ingresos y riqueza mediante la producción y el intercambio, conducen al surgimiento de un dinero mercancía universalmente usado —el oro— y un sistema de banca libre.
Los intereses políticos del hombre, es decir, sus intereses en mejorar sus ingresos y riqueza a través de la explotación —a expensas de los productores y contratistas— llevan a la formación de Estados, la destrucción del patrón oro y la monopolización del dinero y la banca.
Pero una vez que se establece un Estado como monopolista de la explotación y la falsificación, surgen nuevos problemas. Incluso si su posición monopolística está asegurada dentro de un territorio dado, la competencia entre Estados que operan en territorios diferentes todavía existe. Es esta competencia la que impone severos límites a los poderes de explotación de cualquier Estado. En un caso, se abre la posibilidad de que las personas voten en contra de un Estado con sus pies y abandonen su territorio si perciben que otros territorios ofrecen condiciones de vida menos explotadoras. O si otros Estados son percibidos como menos opresivos, aumenta la probabilidad de que los sujetos de un Estado colaboren con tales competidores extranjeros en su deseo de «hacerse cargo». Ambas de estas posibilidades plantean un problema crucial para cada Estado. Cada uno de ellos vive literalmente de una población, y cualquier pérdida de población es, por lo tanto, una pérdida de ingresos estatales potenciales. De manera similar, el interés de cualquier Estado en los asuntos internos de otro debe interpretarse como una amenaza, en particular, si está respaldado por los propios sujetos de este último, porque en el negocio de la explotación solo se puede prosperar siempre que haya algo que pueda explotarse y, obviamente, cualquier apoyo dado a otro Estado reduciría lo que queda para sí mismo.
En otro caso, con varios Estados en competencia, el poder de falsificación de cada Estado individual se ve gravemente limitado. De hecho, a nivel internacional surge un problema que es directamente análogo al obstáculo a la falsificación que implicaba un sistema de banca libre, y que los Estados resolvieron internamente mediante la monopolización o la cartelización de la banca. La situación se caracteriza por diferentes dineros de papel nacionales con tipos de cambio que fluctúan libremente. Si un Estado falsifica más ampliamente que otro, su moneda está obligada a depreciarse en términos del otro, y para un Estado esto significa (independientemente de lo que pueda significar para sus diversos sujetos) que su ingreso ha disminuido en relación con el de otro Estado. Con esto se reduce su poder frente a otro Estado. Se vuelve más vulnerable a los ataques de un Estado competidor (militar o económico). Naturalmente, no le interesa a ningún Estado ver que esto suceda, y por lo tanto el deseo de falsificación debe ser restringido en consecuencia. La falsificación aún continúa permanentemente, por supuesto, porque es de interés de cada Estado; pero ningún Estado es verdaderamente autónomo en su decisión sobre cuánto inflar y en su lugar debe en todo momento prestar mucha atención a las políticas inflacionarias de sus competidores y ajustar con flexibilidad sus propias acciones a las de ellos.
Con el fin de maximizar sus ingresos adquiridos explotadoramente, es de interés natural del Estado superar ambas restricciones externas sobre el poder interno. La cartelización parecería una posible solución. Sin embargo, debe fracasar como tal porque —debido a la falta de una agencia monopolística de aplicación de la ley— los cárteles interestatales solo podrían ser voluntarios y, por lo tanto, parecerían menos atractivos para un Estado cuanto más poderoso ya sea este y menos inflacionista sea su política de falsificación. Al unirse a cualquier cartel de este tipo, un Estado se perjudicaría a sí mismo en beneficio de los Estados menos exitosos y más inflacionarios. Entonces, solo hay una solución estable para el problema: un Estado debe aspirar a expandir su territorio, eliminar a sus competidores y, como objetivo final, establecerse como un Estado mundial. Y paralelamente a esto, deben ser sus intentos de hacer que su papel moneda se use en territorios más amplios y, en última instancia, convertirla en la moneda mundial bajo el control de su propio banco central mundial. Solo si estos objetivos se logran, un Estado verdaderamente se convertirá en algo propio. Hay muchos obstáculos en este camino, y estos pueden ser tan severos que hacen necesario conformarse con menos de una solución tan perfecta. Sin embargo, mientras haya un Estado en existencia, tal interés es operativo y debe entenderse como tal si uno ha de interpretar correctamente los desarrollos pasados así como las tendencias futuras (después de todo, a los Estados les llevó varios siglos alcanzar sus actuales poderes internos de falsificación).
El medio para lograr el primero de sus dos objetivos integrados es la guerra. La guerra y el Estado están inextricablemente conectados.20 Un Estado no solo es una empresa explotadora y sus principales representantes no pueden, por lo tanto, tener una objeción de principio a las adquisiciones de propiedad no productivas y no contractuales; de lo contrario no harían lo que hacen o el Estado simplemente se desmoronaría y disolvería. Y no puede sorprender entonces que tampoco deban tener ninguna objeción fundamental a una expansión territorial de la explotación por medio de la guerra. De hecho, la guerra es el requisito lógico de un cese al fuego posterior; y su propio sistema de explotación interno e institucionalizado no es nada más que un cese al fuego —legítimo—, es decir, el resultado de conquistas anteriores. Además, como representantes del Estado, también están al mando de los mismos medios que hacen cada vez más probable que los deseos agresivos de uno puedan ponerse en práctica. Al mando del instrumento de tributación y, aún mejor para este propósito, de los poderes de falsificación interna absolutos, el Estado puede permitir que otros paguen por sus guerras. Y, naturalmente, si uno no tiene que pagar sus propios negocios riesgosos pero puede obligar a otros a hacerlo simplemente puede crear los fondos necesarios de la nada, uno tiende a ser más arriesgado y más feliz de lo que sería de otra manera.
Si bien es independiente de la demanda y, por lo tanto, por naturaleza una institución más agresiva que cualquier negocio normal que tendría que financiarse y que de esa manera tendría repercusiones financieras inmediatas si uno solo de sus clientes redujera sus compras en respuesta a su insatisfacción con la política de guerra de ese negocio, el Estado todavía no está completamente libre de todas las restricciones en su búsqueda de la agresión extranjera. Así como surgen los Estados, aunque no hay demanda para ellos, así ocurren las guerras sin haber sido demandadas. Pero como el surgimiento y el crecimiento de los Estados están limitados por la opinión pública, también lo son los esfuerzos de guerra de los Estados. Obviamente, para poder salir de una guerra interestatal con éxito, un Estado debe tener suficientes recursos económicos —en términos relativos— que por sí solos hacen que sus acciones sean sostenibles. Sin embargo, estos recursos solo pueden ser provistos por una población productiva. Por lo tanto, para asegurar los medios necesarios para ganar guerras y evitar enfrentarse a la disminución de los resultados productivos en la guerra, la opinión pública vuelve a ser la variable decisiva que limita la política exterior de un Estados. Solo si existe el apoyo popular a la guerra del Estado puede sostenerse y posiblemente ganarse. El apoyo del establecimiento bancario y comercial se puede ganar fácilmente, siempre que la agresión extranjera prometa un fin exitoso y su costo se pueda establecer con un grado suficiente de precisión. No todos los de esta clase estarán listos para unirse, por supuesto, porque uno puede tener intereses creados en el territorio por conquistar que se dañarán en caso de un conflicto interestatal; o uno puede desear que el país C sea atacado en lugar del país B; o incluso uno puede, en principio, oponerse a la guerra. Pero en general, la expectativa de que junto con la propia victoria del Estado, la elite empresarial y bancaria se establecería como una clase dominante en un territorio más grande, con las posibilidades correspondientes de explotación financiera, es la razón más poderosa para la élite económica —en particular la banca— para prestar mucha atención a la opción de la guerra.
Pero su apoyo no es suficiente. En tiempos de guerra, incluso más que en tiempos de paz, un Estado depende de la voluntad de cada persona para trabajar y producir (ya no puede haber mocasines durante los tiempos de guerra). Para asegurar un entusiasmo generalizado, todos los Estados deben ayudar a crear y apoyar las ideologías nacionalistas. Tienen que envolverse como Estados nacionales y hacerse pasar por portadores y protectores de los valores superiores de la propia nación como distintos de los demás, para generar la identificación pública con un Estado específico. Esto es necesario para luego dar la vuelta y aniquilar la independencia de más y más naciones distintas y grupos étnicos, lingüísticos y culturales separados.
Sin embargo, se requiere algo más sustancial para mantener a la población trabajando y produciendo los recursos necesarios para una guerra: después de todo, los otros Estados, supuestamente, cuentan con el apoyo de su élite empresarial; y ellos también han creado un espíritu de nacionalismo en sus territorios. Suponiendo además que los Estados antagónicos controlan inicialmente poblaciones de tamaño y territorios comparables con dotes naturales similares, la variable decisiva que determina la victoria o la derrota se convierte en la riqueza económica relativa de las sociedades involucradas; su grado relativo de desarrollo económico y acumulación de capital. Esos Estados tienden a ser victoriosos en la guerra interestatal que puede basarse en la riqueza económica superior. Claramente, sin embargo, para estar en esta posición, las condiciones relativamente favorables a la riqueza y la formación de capital en sus respectivos territorios deben haber existido previamente. Los Estados no contribuyen positivamente a esto. Por el contrario, como instituciones involucradas en adquisiciones de propiedades no productivas y no contractuales, su propia existencia es destructora de la riqueza y la acumulación de capital. Sin embargo, pueden hacer una contribución negativa. La riqueza y el capital surgen solo a través de la propiedad, producción y contratación; y un grado relativamente bajo de explotación de los propietarios de viviendas, productores y contratistas significa un «relativo» impulso a la formación de capital que en la próxima ronda de explotación puede dar al Estado los recursos adicionales necesarios para tener éxito militar sobre sus competidores extranjeros. Así, lo que también se requiere para ganar guerras es un grado relativamente alto de liberalismo interno.
Por paradójico que pueda parecer primero, cuanto más liberal21 es un Estado internamente, más probablemente se dedicará a la agresión exterior. El liberalismo interno enriquece a una sociedad; una sociedad más rica de la que extraerse hace que el Estado sea más rico; y un Estado más rico hace más y más exitosas guerras expansionistas. Y esta tendencia de los Estados más ricos hacia la intervención extranjera se fortalece aún más si logran crear un nacionalismo «liberacionista» entre el público, es decir, la ideología de que la guerra debe librarse o que las expediciones extranjeras deben emprenderse sobre todo en nombre y por el bien de las propias libertades y los propios niveles de vida relativamente más altos del público en general.
De hecho, se puede decir algo más específico sobre el liberalismo interno como un requisito y un medio para el éxito del imperialismo. La necesidad de una economía productiva que debe tener un estado en guerra también explica por qué es que ceteris paribus esos Estados tienden a superar a sus competidores en el campo de la política internacional, que ha ajustado sus políticas redistributivas internas para disminuir la importancia de las regulaciones económicas en relación con la de los impuestos. Las regulaciones a través de las cuales los Estados obligan o prohíben ciertos intercambios entre dos o más personas privadas, así como los impuestos, implican una expropiación de ingresos no productiva y/o no contractual y, por lo tanto, dañan a los propietarios, productores o contratistas. Sin embargo, aunque no es menos destructiva para el producto productivo que para los impuestos, las regulaciones tienen la característica peculiar de que requieren que el estado controle los recursos económicos para que se puedan hacer cumplir sin aumentar simultáneamente los recursos a su disposición. En la práctica, es decir, requieren el control del Estado sobre los impuestos, sin embargo, no generan ingresos monetarios para el Estado (en cambio, satisfacen la pura lujuria de poder, como cuando A, sin ninguna ganancia material propia, prohíbe a B y C participar en intercambios mutuamente beneficiosos). Por otro lado, los impuestos y la redistribución de los ingresos tributarios según el principio «de Peter a Paul» aumentan los medios económicos a disposición del gobierno al menos por su propio «cargo de manejo» por el acto de redistribución. Dado que una política de impuestos, y de impuestos sin regulación, produce un rendimiento monetario más alto para el Estado (¡y con esto más recursos que se pueden gastar en el esfuerzo de guerra!) que una política de regulación, y de regulación con impuestos, los Estados deben avanzar en la dirección de una economía comparativamente desregulada y un Estado fiscal relativamente puro para evitar la derrota internacional.22
Con el telón de fondo de estas consideraciones teóricas sobre la naturaleza del Estado y la política internacional, gran parte de la historia entra en su lugar. Durando a través de los siglos, una serie de guerras interestatales prácticamente ininterrumpidas confirman vívidamente lo que se ha dicho acerca de la naturaleza intrínsecamente agresiva de los Estados. De manera similar, la historia ilustra dramáticamente la tendencia hacia una mayor concentración relativa de Estados como resultado de tales guerras: el expansionismo agresivo de los Estados ha llevado al cierre de todas las fronteras, y una disminución constante en el número de Estados junto con un aumento igualmente constante en el tamaño territorial de aquellos Estados que lograron sobrevivir. Aún no se ha producido ningún Estado mundial, pero es innegable que existe una tendencia en esta dirección.
Más específicamente, la historia ilumina la importancia central que el liberalismo interno tiene para el crecimiento imperial: en primer lugar, el ascenso de los Estados de Europa occidental a la prominencia mundial puede explicarse así. Es en Europa occidental que, basándose en las tradiciones intelectuales más antiguas de la filosofía griega y estoica, así como en el derecho romano, surgió la ideología de los derechos naturales y el liberalismo.23 Fue aquí donde —asociado a nombres como Santo Tomás de Aquino, Luis de Molina, Francisco Suárez y los escolásticos españoles de finales del siglo XVI, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf y John Locke— ganó cada vez más influencia en la opinión pública; y donde los poderes internos de explotación de los distintos Estados se debilitaron en consecuencia. Y su poder se vio aún más debilitado por el hecho de que la Europa premoderna se caracterizó por un sistema internacional altamente competitivo, casi anárquico, con una multitud de Estados rivales en pequeña escala y principados feudales. Fue en esta situación que se originó el capitalismo.24 Debido a que los Estados eran débiles, los hacendados, productores y contratistas comenzaron a acumular capital; anteriormente no se habían registrado tasas de crecimiento económico; por primera vez podría sostenerse una población en constante aumento; y, en particular con la nivelación del crecimiento de la población, de manera gradual pero continua el nivel de vida general comenzó a elevarse, lo que finalmente llevó a lo que se llama la Revolución Industrial. Basándose en esta riqueza superior de las sociedades capitalistas, los Estados débiles y liberales de Europa occidental se convirtieron en los Estados más ricos de la tierra. Y esta riqueza superior en sus manos llevó a un estallido de empresas imperialistas que, por primera vez en la historia, establecieron a los Estados europeos como verdaderas potencias mundiales, extendiendo su dominio hegemónico en todos los continentes.
Del mismo modo, se puede explicar el destacado papel de Inglaterra entre los Estados de Europa occidental. El país más liberal de todos, el Estado británico se convirtió en el imperialista más exitoso.25 Y el declive relativo de Inglaterra (y Europa occidental) y el ascenso de los Estados Unidos al poder imperialista más importante del mundo también encaja en la imagen teórica. Sin un pasado feudal del que hablar y el imperialismo británico derrotado, el liberalismo era aún más pronunciado en los Estados Unidos que en cualquier lugar de Europa. El poder del Estado estaba en su punto más débil, apenas para notarlo en las actividades diarias de la gente. En consecuencia, el crecimiento económico fue mayor que en todos los demás países; los niveles de vida subieron; la población aumentó; y el nivel de vida y el tamaño de la población superaron gradualmente a los de todos los países de Europa occidental. Al mismo tiempo, a partir de finales del siglo XIX, Inglaterra y Europa occidental sufrieron de un revitalizado estatismo interno provocado por el surgimiento de ideologías socialistas. Fue esta riqueza económica superior —producida por una sociedad civil poco explotada— la que permitió que el débil aparato del gobierno de los Estados Unidos se convirtiera lentamente en el Estado más rico y con más recursos, y dirigiera estos recursos hacia la agresión extranjera y, con el tiempo, se convirtiera en el poder mundial dominante, con «bases domésticas» en todo el mundo y el dominio militar directo o indirecto y el control hegemónico sobre una gran parte del mundo (con la excepción de la Unión Soviética y China y sus respectivos satélites).26 El siglo XIX ya mostró un agresivo expansionismo incomparable del gobierno —liberal— de los Estados Unidos. Desde 1801, cuando se envió a la Marina de los Estados Unidos en una misión punitiva al área remota alrededor de Trípoli, prácticamente no ha transcurrido un solo año sin la intervención del gobierno de los Estados Unidos en algún lugar del mundo.27 Se libraron tres guerras principales: contra Inglaterra (1812); contra México (1846-48), en el que México perdió la mitad de su territorio; y contra España (1898), que dio lugar a la ocupación de Cuba y Filipinas por los Estados Unidos. Contrariamente al mito popular, la Guerra Civil también fue esencialmente una guerra expansionista emprendida por el relativamente más liberal Norte contra los estados confederados. Sin embargo, el gran avance hacia el dominio mundial no se produjo hasta el siglo XX, cuando los Estados Unidos entraron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ambas guerras demostraron dramáticamente la superioridad del poder de Estados Unidos sobre los Estados europeos. Los Estados Unidos determinaron tanto a los vencedores como a los perdedores, y ambas guerras terminaron con una victoria del gobierno más liberal de los Estados Unidos —apoyado en una economía menos gravada y regulada— sobre todos los Estados europeos más socialistas y autoritarios (incluido la Unión Soviética) con sus economías más gravadas y reguladas. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos alcanzó la hegemonía en Europa y, como heredero de los imperios extranjeros de los Estados europeos, en grandes territorios de todo el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos han continuado e incluso intensificado su expansión sin rival con intervenciones militares más pequeñas o más grandes en Grecia, Irán, Corea, Guatemala, Indonesia, Líbano, Laos, Cuba, el Congo, la Guayana Británica, la República Dominicana, Vietnam, Chile, Granada y Nicaragua.28
Finalmente, la historia también proporciona la ilustración más vívida del vínculo directo entre los poderes internos de falsificación de un Estado y su política de agresión externa, así como la conspiración de la élite empresarial y bancaria con el Estado en sus deseos expansionistas. La marca de la línea divisoria en el proceso que lleva al ascenso de los Estados Unidos como primera potencia mundial es la Primera Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos no pudo haber ingresado y ganado con éxito esta guerra inicialmente interior europea sin el poder de falsificación absoluto que se logró en 1913 con el establecimiento del Sistema de Reserva Federal. Habría carecido de los recursos para hacerlo. Con un sistema bancario central en marcha, se podría hacer una transición sin problemas a una economía de guerra y se hizo posible que Estados Unidos se involucrara más profundamente en la guerra y la ampliara a una de las guerras más devastadoras de la historia. Y así como el establecimiento anterior del sistema de la Reserva Federal había sido apoyado con entusiasmo por el establecimiento bancario (en particular por las casas de Rockefeller, Morgan y Kuhn, Loeb and Co.), la política de los Estados Unidos de entrar en guerra en el lado aliado encontró a sus partidarios más ardientes entre la élite económica (especialmente en la firma de J. P. Morgan y Co. como agente fiscal del Banco de Inglaterra y suscriptor monopolista de bonos británicos y franceses, así como un importante productor de armas, y representado dentro de la administración de Wilson por fuerzas tan poderosas como William G. McAdoo, secretario del Tesoro y el yerno de Wilson, el coronel Edward M. House, el íntimo asesor de política exterior de Wilson y Benjamin Strong, gobernador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York).29
Solo falta un elemento importante en una reconstrucción completa del actual orden internacional: el dinero. El interés natural de un Estado es expandir su territorio militarmente; y por lo tanto, uno debe esperar una tendencia hacia una concentración relativa de Estados. También le interesa al Estado participar en el «imperialismo monetario», es decir, extender su poder de falsificación a territorios más grandes; por lo tanto, debe esperarse una tendencia hacia una moneda de un solo mundo. Ambos intereses y tendencias se complementan. Por un lado, cualquier paso en la dirección de un cartel internacional de falsificación está destinado a fracasar si no se complementa con el establecimiento del dominio militar y la jerarquía. Las presiones económicas externas e internas tenderían a estallar el cartel. Con la superioridad militar, sin embargo, un cartel de inflación se hace posible. Por otro lado, una vez que el dominio militar ha hecho posible tal cártel, el estado dominante puede realmente expandir su poder de explotación sobre otros territorios sin más guerras y conquistas. De hecho, la cartelización internacional de la falsificación permite al Estado dominante perseguir a través de medios más sofisticados (es decir, menos visibles) que lo que la guerra y la conquista por sí solos no podrían lograr.
En el primer paso, un Estado dominante (un Estado, es decir, que podría aplastar a otro militarmente y se considera capaz de hacerlo) usará su poder superior para imponer una política de inflación coordinada internacionalmente. Su propio banco central marca el ritmo en el proceso de falsificación, y los bancos centrales de los Estados dominados tienen la obligación de inflar junto con el Estado dominante. En términos prácticos, el papel moneda del Estado dominante se impone como moneda de reserva en los bancos centrales extranjeros, y se les presiona para que la utilicen como base para sus propias acciones inflacionarias.
Limitado no por la demanda real, sino solo por la opinión pública, es relativamente fácil para un Estado dominante lograr este objetivo. La conquista territorial directa y la implementación directa de su propia moneda en territorios extranjeros pueden ser prohibitivos debido al estado de la opinión pública nacional o extranjera. Sin embargo, con el poder de destruir a cualquier gobierno extranjero específico —aunque no es lo suficientemente fuerte como para una toma completa— se requiere poco para que el Estado dominante tenga éxito en el imperialismo monetario.
Internamente, lo más probable es que no encuentre resistencia alguna. El propio gobierno estará satisfecho con esta solución. Por una vez, su propia moneda es utilizada como una moneda de reserva por los bancos extranjeros sobre los cuales piramidan sus diversos dineros de papel nacionales, se le permite participar en una expropiación casi gratuita de propietarios extranjeros y productores de ingresos sin tener que temer las consecuencias contractuales. Del mismo modo, su propia élite bancaria y empresarial está dispuesta a aceptar un acuerdo de este tipo, ya que también pueden participar de manera segura en la explotación extranjera. Los bancos en particular son entusiastas. Y el público ignora en gran medida lo que está sucediendo o considera que la explotación de los extranjeros es menor en comparación con los problemas internos.
Externamente, las cosas son solo un poco más complicadas. El Estado dominado pierde recursos al dominador como consecuencia de este régimen monetario. Pero ante la posibilidad de perder su control interno por completo, naturalmente prefiere aceptar un esquema que no solo le permite permanecer en el poder sino que, de hecho, continúa en sus propias expropiaciones fraudulentas de su propia población al inflar su moneda por encima y por fuera. De acuerdo con la creación de papel moneda del Estado dominante. Esencialmente por la misma razón por la que las élites empresariales y bancarias, como los primeros receptores del dinero falso de sus respectivos Estados, están dispuestos a aceptar esta solución. Y el público en general en los territorios dominados, que a través de este acuerdo está sujeto a una doble capa de explotación de Estados y élites extranjeros en la parte superior de un Estado nacional y una élite, una vez más ignora todo esto y no lo identifica como uno importante causa de su propia dependencia económica prolongada y estancamiento relativo frente a la nación dominante.
Este primer paso, sin embargo, no proporciona una solución perfecta. El sistema monetario internacional se caracteriza por un papel moneda dominante y una multitud de dineros de papel nacionales en pirámide, y por la fluctuación libre de los tipos de cambio entre esas monedas. Por un lado, esto es menos que satisfactorio para el Estado dominante, porque en estas circunstancias queda mucho margen para la posibilidad de que su propia moneda se deprecie con respecto a otros, y tal desarrollo supondría una amenaza para su propio papel como poder dominante. Los tipos de cambio no están determinados exclusivamente por las políticas inflacionarias de varios bancos centrales. En última instancia, y ceteris paribus, están determinados por la paridad de poder de compra.30 E incluso si un banco central dominado se infla voluntariamente junto con el banco central dominante, otros factores (como un nivel menor de impuestos y/o regulación, por ejemplo) todavía pueden hacer que su moneda se aprecie frente a la del Estado dominante.
Por otro lado, la existencia de una multitud de monedas que fluctúan libremente entre sí es, como se explicó anteriormente, disfuncional del propósito mismo del dinero. Es un sistema de trueque parcial. Crea un caos informativo, hace imposible el cálculo económico racional y, en consecuencia, conduce a ineficiencias dentro del propio sistema de producción sobre el que descansa el Estado dominante de forma parasitaria.
De esta manera, para asegurar su posición dominante y maximizar su ingreso de explotación explotada, en un segundo paso, un Estado dominante tratará invariablemente de instituir una moneda internacional —y en última instancia— universal controlada monopolísticamente y emitida directamente por su propio banco central o indirectamente por un banco internacional o mundial dominado por su banco central.
Hay algunos obstáculos en el camino hacia esta meta. No obstante, una vez que el primer paso se ha completado con éxito, ninguno de ellos parece insuperable. Naturalmente, el Estado dominado perdería algún poder discrecional bajo este acuerdo. Pero esto se vería compensado por el hecho de que su propia economía funcionaría más eficientemente, también, si se redujera el caos de cálculo en el comercio internacional. Además, la élite bancaria y empresarial de ambos países estaría firmemente a favor de un régimen monetario de este tipo y utilizaría sus estrechos vínculos con sus respectivas conexiones estatales e internacionales para promover su adopción. Después de todo, los bancos y las empresas industriales también están en el negocio de hacer dinero a través de la producción y los intercambios. Los tipos de cambio que fluctúan libremente son un impedimento artificial en su búsqueda de este interés económico. Y serán percibidos como disfuncionales más intensamente por las empresas más grandes, porque son las grandes empresas, en particular, para las cuales el comercio exterior juega un papel más importante.
De hecho, la resistencia más severa a la adopción de una moneda internacional no se puede esperar de los Estados y las élites económicas, sino del público en general. Dado que una moneda internacional implica renunciar a una moneda acostumbrada, va en contra del mismo nacionalismo que todos los Estados han creado con entusiasmo durante tanto tiempo. Esto sería un problema, especialmente si se pidiera al público en los países dominados que adoptara la moneda del Estado dominante directamente, nombre y todo, porque la naturaleza imperialista subyacente de tal sistema monetario se volvería peligrosamente evidente. Sin embargo, con cierto grado de diplomacia y propaganda paciente, este problema también parece solucionable. Se debe crear una nueva moneda, con un nuevo nombre, definido en términos de los dineros nacionales existentes para no despertar sentimientos nacionalistas o antiimperialistas; y esta nueva moneda solo debe estar algo sobrevaluada contra los diversos dineros nacionales (que a su vez se definen en términos de la nueva moneda) para expulsar —de acuerdo con la ley de Gresham— a todos los dineros nacionales.31 Esto debe ir acompañado por el constante llamado de los Estados y las élites económicas a la sólida intuición económica del público en general de que —independientemente de todos los sentimientos nacionalistas— el dinero nacional que fluctúa libremente es una institución anacrónica que paraliza el cálculo económico racional, y que está en el mejor interés de todos tener un dinero usado internacionalmente (y si es posible universalmente) como el sistema bancario internacional bajo el liderazgo del banco central del Estado dominante que está dispuesto a proporcionar. Salvo cualquier cambio drástico en la opinión pública en la dirección de una propiedad privada fortalecida y una sólida orientación monetaria y, por consiguiente, un aumento de la vigilancia contra el Estado, nada impedirá que el Estado dominante logre esta completa autonomía internacional contra la falsificación. Y con un dinero mundial y un banco mundial en su lugar, y controlado por el banco central del Estado dominante, se toma un paso decisivo para alcanzar su objetivo final de establecerse como un gobierno mundial a gran escala, con control mundial no solo sobre la falsificación, sino también sobre la fiscalidad y la regulación legal.
A la luz de esta explicación del imperialismo monetario y su función como complemento «natural» (desde el punto de vista estatista, que lo es) del expansionismo militar, las piezas restantes de la historia de la política internacional se ponen en su lugar. De la mano del ascenso de Gran Bretaña al rango de primer Estado nacional imperialista, se convirtió en un imperialismo excelente. No completamente libres en el momento de todos los obstáculos internos en el camino de la falsificación, los países dominados por los británicos se vieron obligados a mantener sus reservas en forma de saldos en libras esterlinas en Londres, donde el Banco de Inglaterra los redimiría en oro. De esta manera, estos países pondrían en pirámide sus monedas nacionales encima de la libra, y Gran Bretaña podría inflar las notas esterlinas sobre el oro sin tener que temer una salida de oro. Con el declive de Gran Bretaña y el ascenso simultáneo del gobierno de los Estados Unidos a la posición de la principal potencia militar del mundo, el imperialismo esterlina ha sido reemplazado gradualmente por un imperialismo de dólares. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la dominación de los Estados Unidos extendida sobre la mayor parte del mundo y esencialmente ratificada en el acuerdo de Bretton Woods, el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial sobre la cual todos los demás Estados han inflado sus diversos dineros de papel nacionales.32 Por un tiempo, los Estados Unidos mantuvieron oficialmente la pretensión de redimir los dólares de los bancos centrales extranjeros en oro, y esto limitó un poco su propio potencial inflacionario. Sin embargo, no impidió que ocurriera una falsificación constante del dólar sobre el oro. La posición de los Estados Unidos como una potencia internacional militarmente dominante (formalizada a través de una serie de pactos militares, en particular la OTAN) le permitió obligar a los gobiernos extranjeros a ejercer su derecho a solicitar la redención, aunque solo sea con moderación, por lo que su propio dólar La inflación podría producirse sin desencadenar consecuencias contractivas. Y cuando su política de falsificación incitó a los gobiernos extranjeros a volverse demasiado audaces en sus intentos de obtener oro a precios de ganga, fue el poder militar superior del gobierno de los Estados Unidos el que finalmente le permitió renunciar a toda pretensión y declarar sus notas irredimibles. Desde entonces, el Sistema de la Reserva Federal ha adquirido la posición de un falsificador autónomo de último recurso para todo el sistema bancario internacional.33
La naturaleza imperialista de este estándar en dólares tiene efecto en particular a través de instrumentos tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRF) y el Banco de Pagos Internacionales (BPI).34 El dinero y el crédito, creados por el golpe de una pluma, se transfieren de estas instituciones dominadas por los Estados Unidos primero a los gobiernos extranjeros que inflan sus monedas nacionales y a su vez pasan este dinero a su propio sistema bancario cartelizado que, agregando una dosis adicional de falsificación, luego transfieren a los establecimientos comerciales favoritos de los distintos Estados, desde donde se extiende hasta la periferia económica. Paralelamente a este flujo de dinero, se produce un proceso inverso de redistribución de la renta y la riqueza de la periferia a las élites empresariales y bancarias nacionales y a los diversos Estados nacionales, así como de los territorios dominados al gobierno de los Estados Unidos y al establecimiento bancario y comercial de los Estados Unidos como el centro final de las finanzas mundiales.
Desde un punto de vista sociológico, las consecuencias son particularmente interesantes si estos dos procesos integrados se superponen a las sociedades premodernas feudales. Dichos países, principalmente en África, Asia, América Central y del Sur, se caracterizan típicamente por una clase de terratenientes feudales, o terratenientes feudales convertidos en magnates financieros o industriales que controlan el aparato estatal y residen en su mayoría en la ciudad capital y asiento del gobierno; y por una clase de campesinos dependientes, en gran parte sin tierra, dispersos por el campo y que sostienen al Estado, a la élite feudal y a la ciudad capital mediante el pago de rentas de la tierra. Aquí el imperialismo del dólar35 significa defender el gobierno feudal, apoyar y participar en la explotación de un campesinado empobrecido y el campo por una casta feudal parasitaria y la ciudad capital, y contribuir a la supresión de cualquier movimiento de reforma agraria liberacionista. De hecho, el típico ciclo del Tercer Mundo de opresión gubernamental despiadada, movimientos revolucionarios, guerra civil, supresión renovada y dependencia económica prolongada y pobreza masiva es en gran medida causado y mantenido por el sistema monetario internacional dominado por los Estados Unidos.
Desde 1971, en particular, se han realizado mayores esfuerzos en la dirección del segundo paso en el proceso de expansionismo monetario. En realidad, no todas las aproximadamente 160 monedas que fluctúan libremente plantean en realidad un problema, ya que la mayoría de ellas no están en peligro, por razones internas, de apreciarse frente al dólar y, por lo tanto, fortalecer el poder de los respectivos Estados frente al gobierno de Estados Unidos, o desempeñan un papel tan menor en el comercio internacional que el caos de cálculo que se introduce por su existencia es en gran medida insignificante. Sin embargo, debido a la relativa fortaleza de sus monedas y su importante papel en el comercio internacional, los principales Estados de Europa occidental y Japón son un problema. Por lo tanto, es a estos Estados y monedas en particular a los que los Estados Unidos han intentado crear una moneda mundial que ayude a racionalizar el cálculo económico y aumente aún más sus propios poderes inflacionarios. La creación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), definidos inicialmente en términos de 16 y luego de cinco naciones exportadoras principales, y emitidos por el FMI, fue un movimiento hacia una moneda mundial y un banco mundial bajo el dominio de los Estados Unidos.36 Otro impulso importante hacia esta meta fue provisto a través del despegue del Consejo de Relaciones Exteriores de David Rockefeller. Compuesta por unos 300 políticos, banqueros, empresarios, intelectuales y periodistas muy influyentes de América del Norte, Europa Occidental y Japón, la Comisión Trilateral ha convertido el establecimiento de un papel moneda mundial y un banco central mundial en su principal preocupación.37 Con el apoyo ferviente de la Comisión Trilateral como un paso intermedio hacia este objetivo final, así como por otras asociaciones político-banqueros-industriales con una importante superposición de miembros con la Comisión Trilateral y dedicadas a los mismos fines, como el Comité de Acción y La Asociación para la Unión Monetaria de Europa, la Federación Bancaria de la Comunidad Europea, la Asociación de Bancos de la UME, el Comité de Basilea y el Grupo Wilton Park han logrado grandes avances en la alineación del frente monetario europeo. En 1979, apareció por primera vez la recién creada Unidad Monetaria Europea (UME), emitida bajo los auspicios de la Comunidad Económica Europea. Definido como un promedio ponderado de 10 monedas europeas, y asistido por organizaciones como el Sistema Monetario Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales y el Fondo Europeo de Cooperación Monetaria, la UME ha asumido un papel cada vez más importante. Como en promedio es menos volátil que las diversas monedas nacionales, los bancos y corporaciones multinacionales en particular han encontrado cada vez más atractivo utilizar la UME como una unidad de cuenta y un medio de liquidación: el cálculo económico es menos caótico con solo tres monedas —La UME, el yen y el dólar— que con una docena. Según los acuerdos oficiales intergubernamentales, se supone que para 1992 ha de establecerse un Banco Central Europeo —muy probablemente como un vástago del actual Fondo Europeo de Cooperación Monetaria—, y la UME se convertirá en la moneda europea que suplantará a todos los dineros nacionales.38
Una vez resuelto el caos de cálculo europeo, y en particular con los países de moneda fuerte europeos neutralizados y debilitados dentro de un cartel que, por su propia naturaleza, favorece más a los países menos inflacionarios para proteger y prolongar la hegemonía de Estados Unidos sobre Europa, poco podría quedan por hacer. Con esencialmente solo tres bancos centrales y monedas y el dominio de Estados Unidos sobre Europa y Japón, los candidatos más probables para ser elegidos como Banco Central Mundial dominado por Estados Unidos son el FMI o el BPI; y bajo su égida entonces, inicialmente definida como una canasta del dólar, la UME y el yen, el «fénix» (o cualquiera que sea su nombre) subirá como una moneda de un solo mundo a menos que, es decir, la opinión pública como la única restricción para el crecimiento del gobierno experimente un cambio sustancial y el público comience a comprender las lecciones explicadas en este documento: que la racionalidad económica al igual que la justicia y la moral exigen un estándar de oro mundial y una banca libre de reserva del 100%, así como mercados libres en todo el mundo; y que el gobierno mundial, un banco central mundial y un papel moneda mundial —contrariamente a la impresión engañosa de representar valores universales— en realidad significan la universalización e intensificación de la explotación, el fraude de la falsificación y la destrucción económica.39
Traducción original del Instituto Mises revisada y corregida por Oscar Eduardo Grau Rotela. El artículo original se encuentra aquí.
Notas
1 Sobre el desarrollo del dinero en el libre mercado, véase Carl Menger, Principles of Economics (Nueva York: New York University Press, 1976); pp. 257-85; «Geld» en Gesammelte Werke de Carl Menger, vol. 4 (Tübingen: Mohr, 1970).
2 Sobre el patrón oro, véase The Gold Standard, An Austrian Perspective, Llewelyn H. Rockwell, Jr., ed. (Lexington, Mass.: DC Heath; 1985); y Ron Paul y Lew Lehrman, The Case for Gold (San Francisco: Instituto Cato, 1983).
3 Sobre la banca y, en particular, sobre las diferentes funciones de la banca de préstamos y depósitos, véase Murray N. Rothbard, The Mystery of Banking (Nueva York: Richardson y Snyder, 1983).
4 Véase Murray N. Rothbard, The Case for 100 Dollar Gold Dollar (Meriden, Conn.: Cobden Press, 1984), pp. 32-34.
5 Un ejemplo muy prominente de este concepto erróneo es Friedrich A. Hayek, Denationalization of Money (Londres: Institute of Economic Affairs, 1976); para una crítica, véase a Murray N. Rothbard, «Hayek’s Denationalized Money», Libertarian Forum 15, núm. 5-6 (agosto de 1981 y enero de 1982).
6 Sobre el proceso de falsificación, véase Rothbard, The Mystery of Banking, cap. 4; también Elgin Groseclose, Money: The Human Conflict (Norman: Prensa de la Universidad de Oklahoma, 1934), pp. 178 y 273.
7 Sobre la teoría austriaca del ciclo económico, véase Ludwig von Mises, Theory of Money and Credit (Irvington, NY: Foundation for Economic Education, 1971); Mises, Human Action, cap. 20 (Chicago: Henry Regnery, 1966); Friedrich A. Hayek, Monetary Theory and the Trade Cycle (Nueva York: Augustus M. Kelley, 1975); Hayek, Prices and Production (Nueva York: Augustus M. Kelley, 1967); Richard v. Strigl, Kapital und Produktion (Viena: J. Springer Verlag, 1934); Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, vol. 2, cap. 12 (Los Angeles: Nash, 1970), pp. 832-49.
8 ¿Qué ocurre con los carteles? ¿No podrían los bancos competidores formar un cartel y acordar una empresa conjunta sobre la falsificación? Nuevamente, en la banca libre esto es muy improbable, porque un sistema de banca libre se caracteriza por la ausencia total de incentivos económicos para la cartelización. Sin restricciones de entrada en existencia, cualquier cartel bancario tendría que ser clasificado como voluntario y sufriría los mismos problemas que cualquier cartel voluntario. Ante la amenaza de los no cartelistas y/o los nuevos participantes, y reconociendo que, como todos los acuerdos de cartel, un cartel bancario favorecería a los miembros del cartel menos eficientes a expensas de los más eficientes, simplemente no existe una base económica para una acción exitosa, y cualquier intento de cartelizar se descompondría rápidamente como económicamente ineficiente. Además, en la medida en que el dinero falsificado se emplearía para expandir el crédito, los bancos que actúen en concierto desencadenarán un ciclo de auge y caída a gran escala. Esto, también, disuadiría a la cartelización. Véase sobre la teoría de la banca libre, Mises, Human Action, pp. 434-48 Rothbard, The Mystery of Banking, cap. 8.
9 Contrariamente a la afirmación de la escuela de elección pública, los Estados y las empresas privadas no están haciendo esencialmente el mismo tipo de negocio, sino que están involucrados en tipos de operaciones categóricamente diferentes. Ambos tipos de instituciones son el resultado de intereses diferentes y antagónicos. El interés «político» en la explotación y expropiación subyacente a la formación de Estados obviamente requiere y presupone la existencia de riqueza, y por lo tanto un interés «económico» de al menos una persona en producir dicha riqueza en primer lugar (mientras que lo contrario no es cierto). Pero, al mismo tiempo, los intereses políticos más pronunciados y exitosos son los intereses económicos más destructivos. La escuela de elección pública es perfectamente correcta al señalar que todos —un empleado del gobierno no menos que un empleado de una empresa económica— normalmente prefieren un ingreso más alto a uno más bajo y que este interés explica por qué se debe esperar que el Estado no tenga menos tendencia a crecer que cualquier otra empresa. Sin embargo, este descubrimiento, que los políticos y los burócratas no son más altruistas o están más preocupados por el «bien público» que las personas en otros ámbitos de la vida, no es nuevo, aunque a veces se haya pasado por alto. Pero lo que es en verdad nuevo con la elección pública —la inferencia que se deriva de esta idea correcta de que todas las instituciones deben considerarse como un resultado de fuerzas motivacionales idénticas y ser tratadas analíticamente a la par entre sí— es falso. Independientemente de las creencias subjetivas de una persona, la integración de las acciones de uno en el marco institucional del Estado o de una empresa económica «normal» y la búsqueda de los intereses de maximización de la riqueza de uno o de otro lugar producirán resultados categóricamente diferentes. Sobre una declaración representativa de la escuela de elección pública con respecto a la idea del «Estado como empresa» y de «intercambio político» como esencialmente lo mismo que «intercambio económico», véase James Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1965), p. 19; para una crítica de esta visión y la diferencia fundamental entre los medios económicos y políticos, véase Franz Oppenheimer, The State (Nueva York: Vanguard Press, 1914), pp. 24-27; Murray N. Rothbard, Power and Market (Kansas City, Kans.: Sheed Andrews y McMeel, 1977), cap. 2.
10 Sobre la siguiente teoría del Estado, véase Murray N. Rothbard, For a New Liberty (Nueva York: Macmillan, 1978); Rothbard, The Ethics of Liberty (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1982); Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987); Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1988); Anthony de Jasay, The State (Oxford: Basil Blackwell, 1985).
11 Sobre la confusión semántica difundida a través del término «acuerdo conceptual» particularmente por James Buchanan, véase Hans-Hermann Hoppe, «The Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security», Journal of Libertarian Studies 9, no. (Invierno 1989): 27-46.
12 Véase Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat, cap. 5.3; Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, cap. 8
13 Sobre la democratización como medio para expandir el poder estatal, véase Bertrand de Jouvenel, On Power (Nueva York: Viking Press, 1949), pp. 9-10.
14 Sobre la tendencia inherente del Estado hacia el logro de un monopolio de falsificación sin restricciones, véase Rothbard, The Mystery of Banking; Murray N. Rothbard, What Has Government Done to Our Money? (San Rafael, California: Libertarian Publishers, 1985).
15 Sobre la imposibilidad de que el dinero se origine como papel moneda fiduciario, véase el teorema de regresión: Mises, Theory of Money and Credit, pp. 97-123; Mises, Human Action, pp. 408-10; Rothbard, Man, Economy, and State, vol. 1, pp. 231-37.
16 Sobre la participación entusiasta de la élite bancaria en la creación del Sistema de la Reserva Federal, véase Rothbard, The Mystery of Banking, capítulos 15 y 16.
17 Sobre la formación de la coalición estatal de negocios bancarios, véase Gabriel Kolko, The Triumph of Conservatism (Chicago: Free Press, 1967); Kolko, Railroads and Regulations (Princeton: Princeton University Press, 1965); James Weinstein, The Corporate Ideal in the Liberal State (Boston: Beacon Press, 1968); Ronald Radosh y Murray N. Rothbard, editores, A New History of Leviathan (Nueva York: Dutton, 1972).
18 En la tradición marxista, esta etapa de desarrollo social se denomina «capitalismo monopolista», «capitalismo financiero» o «capitalismo del monopolio estatal». La parte descriptiva de los análisis marxistas es generalmente valiosa. Al desenterrar los estrechos vínculos personales y financieros entre el Estado y las empresas, por lo general presentan una imagen mucho más realista del orden económico actual que la presentada por la mayoría de los soñadores economistas «burgueses». Analíticamente, sin embargo, se equivocan en casi todo y ponen la verdad al revés.
La visión tradicional, correcta y premarxista sobre la explotación fue la del liberalismo radical de laissez-faire, tal como lo propusieron, por ejemplo, Charles Comte y Charles Dunoyer. Según ellos, no existen intereses antagónicos entre los capitalistas, como propietarios de los factores de producción, y los trabajadores, sino entre, por un lado, los productores de la sociedad, es decir, los propietarios, productores y contratistas, incluidos los empresarios así como los trabajadores, y por otro lado, aquellos que adquieren riqueza de manera no productiva y/o no contractual, es decir, el Estado y los grupos privilegiados del Estado, como los terratenientes feudales. Esta distinción fue confundida por primera vez por Saint-Simon, quien en algún momento fue influenciado por Comte y Dunoyer, y que clasificó a los hombres de negocios de mercado junto con los señores feudales y otros grupos privilegiados del Estado como explotadores. Marx tomó esta confusión de Saint-Simon y la combinó haciendo que solo los capitalistas fueran explotadores y todos los trabajadores explotados, justificando este punto de vista a través de una teoría del valor del trabajo ricardiano y su teoría de la plusvalía. Esencialmente, este punto de vista sobre la explotación ha sido típico para el marxismo hasta el día de hoy, a pesar de la refutación aplastante de la teoría de la explotación de Marx por parte de Böhm-Bawerk y su explicación de la diferencia entre los precios de los factores y los precios de producción a través de la preferencia temporal (interés). Hasta el día de hoy, cada vez que los teóricos marxistas hablan del carácter explotador del capitalismo monopolista, ven la causa fundamental de esto en la existencia continua de la propiedad privada de los medios de producción. Incluso si admiten cierto grado de independencia del aparato estatal de la clase de capitalistas monopolistas (como en la versión del «capitalismo del monopolio estatal»), para ellos no es el Estado el que hace posible la explotación capitalista; más bien es el hecho de que el Estado es una agencia del capitalismo, una organización que transforma los intereses estrechos de los capitalistas individuales en el interés de un ideal capitalista universal (la «ideelle Gesamtkapitalist»), lo que explica la existencia de la explotación.
De hecho, como se explicó, la verdad es precisamente lo opuesto: es el Estado que, por su propia naturaleza, es una organización explotadora, y los capitalistas pueden participar en la explotación solo en la medida en que dejan de ser capitalistas y en su lugar unen sus fuerzas con el Estado. En lugar de hablar de capitalismo del monopolio estatal, entonces, sería más apropiado llamar al sistema actual «socialismo de monopolio financiado por el Estado» o «socialismo burgués».
Para estudios marxistas representativos, véase Rudolf Hilferding, Finance Capital (Londres: Routledge and Kegan Paul, 1981); V. I. Lenin, Imperialism: Last Stage of Capitalism (Moscú: Foreign Languages Publishing House, 1947); Paul M. Sweezy, The Theory of Capitalist Development (Nueva York: Monthly Review Press, 1942); P. A. Baran y Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (Nueva York: Monthly Review Press, 1966); E. Mandel, Marxist Economic Theory (Londres: Merlín, 1962); Mandel, Late Capitalism (Londres: New Left Books, 1975); H. Meissner, ed. Buergerliche Ökonomie ohne Perspektive (Berlín [del Este]: Dietz, 1976). Sobre la perversión del análisis de clase liberal clásico a través del marxismo, véase Murray N. Rothbard, «Left and Right» en Egalitarianism As a Revolt Against Nature and Other Essays (Washington, D.C.: Libertarian Review Press, 1974); sobre la refutación de la teoría marxista de la explotación, véase Eugen von Böhm-Bawerk, Karl Marx and the Close of His System, Paul M. Sweezy, ed. (Nueva York: Augustus M. Kelley, 1948).
19 Reconocer la integración de largo alcance de los intereses estatales y los de la élite del poder económico, que se produce por la monopolización del dinero y la banca, no significa que no puedan surgir conflictos dentro de esta coalición. Como se mencionó anteriormente, el Estado también se caracteriza, por ejemplo, por la necesidad de democratizar su constitución. Y el proceso democrático bien podría traer a la superficie sentimientos igualitarios o populistas que se oponían al trato favorable del Estado a los bancos y las grandes empresas. Sin embargo, es precisamente la naturaleza financiera de la conexión entre el Estado y el negocio lo que hace que tal ocurrencia sea poco probable. Porque no solo esto supondría una amenaza inmediata para la élite del poder económico; también implicaría graves pérdidas financieras en los ingresos del Estado, incluso si no amenazaba la estabilidad del Estado como tal. Por lo tanto, existe un incentivo poderoso para que ambas partes unan sus fuerzas para filtrar cualquier sentimiento de este tipo del proceso político antes de que sea escuchado ampliamente y para garantizar con todos los recursos a su disposición que el rango de alternativas políticas admitidas a la discusión pública sea tan restringido como para excluir sistemáticamente cualquier escrutinio de su raqueta de falsificación conjunta.
Véase también sobre esto —a pesar de sus característicos conceptos erróneos izquierdistas— los estudios informativos como C. W. Mills, The Power Elite (New York: 1965); W. Domhoff, Who Rules America? (New York: 1967); E. Schattschneider, The Semi-Sovereign People (New York: 1960); Bachrach and Baratz, Power and Poverty (New York: 1970); C. Offe, Strukturprobleme des kapitalistischen Staates (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972).
20 Sobre la relación íntima entre el Estado y la guerra, véase el importante estudio de E. Krippendorff, Staat und Krieg (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985); también Charles Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», en P. Evans et al., Bringing the State Back In (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Robert Higgs, Crisis and Leviathan (Nueva York: Oxford University Press, 1987).
21 El término «liberal» se usa aquí y el siguiente se usa en su sentido tradicional europeo y no en el sentido actual de los Estados Unidos como sinónimo de «socialista» o «socialdemócrata».
22 La administración anterior de Reagan proporciona un ejemplo muy característico de esta conexión entre una política o desregulación interna y una mayor agresividad externa.
23 Sobre lo siguiente, véase también Hans-Hermann Hoppe, «The Economics and Sociology of Taxation», en Taxation: An Austrian View, Llewellyn H. RockweIl, Jr., ed. (Auburn, Ala.: Instituto Ludwig von Mises, a publicar).
24 Sobre la importancia de la «anarquía política» para el origen del capitalismo, véase J. Baechler, The Origins of Capitalism (Nueva York: St. Martin’s Press, 1976), cap. 7.
25 Sobre el imperialismo británico, véase L. E. Davis y RA Huttenback, Mammon and the Pursuit of Empire: The Political Economy of British Imperialism 1860-1912 (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
26 Véase sobre esto y lo siguiente Krippendorff, Staat und Krieg, pp. 97-116.
27 Véase la tabla en E. Krippendorff, Die amerikanische Strategie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970), pp. 43ff.
28 Sobre la política exterior de los Estados Unidos en el siglo XX, véase Leonard P. Liggio, «American Foreign Policy and National Security Management» en Radosh y Rothbard, A New History of Leviathan; Rothbard, For a New Liberty, cap. 14.
29 Véase en esto Rothbard, The Mystery of Banking, pp. 230-47; sobre el papel de los Morgan en llevar a la administración de Wilson a la guerra, en particular, véase a Charles Tansill, America Goes to War (Boston, Little, Brown and Co., 1938), capítulos 2-4.
30 Sobre el teorema de la paridad del poder adquisitivo, véase Mises, Human Action, pp. 452-58; Rothbard, Man, Economy, and State, pp. 715-22.
31 Sobre la ley de Gresham, véase Mises, Theory of Money and Credit, pp. 75 y 77; Mises, Human Action, pp. 781-83; Rothbard, Power and Market, pp. 29-31.
32 Sobre el patrón de dólares establecido con el sistema de Bretton Woods, véase Henry Hazlitt, From Bretton Woods to World Inflation (Chicago: Henry Regnery, 1984).
33 Desde 1971, momento en el que finalmente se suspendió el patrón oro, se ha creado más dinero del que habían acumulado todas las naciones a lo largo de la historia.
34 Sobre la naturaleza imperialista de estas instituciones, véase también Gabriel Kolko, The Politics of War, The World and United States Foreign Policy 1943–1945 (Nueva York: Random House, 1968), pp. 242-340.
35 Véase Paul A. Baran, Political Economy of Growth (Nueva York: Monthly Review Press, 1957), capítulos 5-6.
36 Véase Henry Hazlitt, From Bretton Woods to World Inflation.
37 Una muestra de destacados miembros de la Comisión Trilateral de los Estados Unidos incluye a David M. Abshire, consejero del Presidente; Frank C. Carlucci, ex asesor de seguridad nacional; JC Whitehead, subsecretario de Estado; Alan Greenspan, presidente del Sistema de la Reserva Federal; Winston Lord, embajador en China; George Bush, presidente; Paul A. Volcker, ex presidente del Sistema de la Reserva Federal; Alexander Haig, ex secretario de Estado; Jeanne Kirkpatrick, ex embajadora ante las Naciones Unidas; David Stockman, ex jefe de la OMB; Caspar Weinberger, ex secretario de Defensa; N. Michael Blumenthal, ex secretario de Hacienda; Zbigniew Brzezinski, ex asesor de seguridad nacional; Harold Brown, ex secretario de Defensa; James E. (Jimmy) Carter, ex presidente; Richard N. Cooper, ex subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Monetarios; Walter Mondale, ex vicepresidente; Anthony M. Solomon, ex subsecretario del Tesoro de Asuntos Monetarios; Cyrus Vance, ex secretario de Estado; Andrew Young, ex embajador ante las Naciones Unidas; Lane E. Kirkland, jefe de AFL-CIO; Flora Lewis, New York Times; Thomas Johnson, Los Angeles Times; George Will, ABC television y Newsweek.
38 Véase también sobre esto Jeffrey A. Tucker, «The Contributions of Menger and Mises to the Foundations of Austrian Monetary Theory Together With One Modern Application» (paper presentado en la 13ª conferencia anual de la Asociación para la educación de la empresa privada, Cleveland, Ohio, 1988) y a Ron Paul, «The Coming World Monetary Order» (Informe especial de la Ron Paul Investment Letter, 1988).
Los europeos prominentes que apoyan explícitamente la idea de un Banco Central Europeo, la ECU y, finalmente, una moneda mundial incluyen: G. Agnelli, Presidente de FIAT (TC); Deflassieux, presidente del BIS (TC); G. FitzGerald, ex Primer Ministro de Irlanda (TC); L. Solana, Presidente de la Compañía Telefónica Nacional de España (TC); G. Thorn Presidente de la Comunidad Europea y ex Primer Ministro de Luxemburgo (TC); N. Thygesen, profesor de economía, Universidad de Copenhague (TC); U. Agnelli Vicepresidente FIAT; E. Balladour, Ministro de Finanzas de Francia; N. Brady, Vicepresidente FIAT; E. Balladour, Ministro de Finanzas de Francia; N. Brady, Dillon Read Investments; J. Callaghan, ex Primer Ministro de Gran Bretaña; K. Carstens, ex presidente de Alemania Occidental; P. Coffey, profesor de economía, Universidad de Amsterdam; E. Davignon, ex comisario europeo; J. Delors, ex presidente de la Comunidad Europea; W. Dusenberg, presidente de BIS; L. Fabius, ex Primer Ministro de Francia; J. R. Fourtou, presidente de Rhone-Poulenc; R. d. La Jemere, ex gobernadora de la Banque de France; V. Giscard d ‘Estaing, ex presidente de Francia; Cap. Goodhart, profesor de banca, London School of Economics; P. Guimbretiere, director del proyecto UME de la Comunidad Europea; W. Guth, presidente del Deutsche Bank; E. Heath, ex Primer Ministro británico; M. Kohnstamm, ex presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia; N. Lawson, canciller británico del Hacienda; J. M. Leveque, presidente de Credit Lyonnais; L. Lucchini, Presidente de Confindustria, Italia; F. Maude, ministro británico de Asuntos Corporativos y del Consumidor; P. Mentre, presidente de Credit National, Francia; HL Merkle, presidente de Bosch Gmbh, Alemania Occidental; F. Mitterand, presidente de Francia; J. Monet, fundador de la Comunidad Europea; FX Ortoli, presidente de Total Oil y ex comisionado de la Comunidad Europea; D. Rambure, Credit Lyonnais; H. Schmidt, ex canciller de Alemania Occidental y editor de Die ZEIT ; P. Sheehy, presidente de BAT Industries; J. Solvay, presidente de Solvay, Bélgica; HJ Vogel, presidente del Partido Socialdemócrata Alemán; J. Zijlstra, ex presidente del Banco Nederlandse.
39 Jeffrey A. Tucker, del Instituto Ludwig von Mises, tuvo una influencia importante en mi comprensión de la dinámica del sistema monetario internacional, a través de frecuentes discusiones y al permitirme acceder a su propia investigación relacionada. No hace falta decir que todas las deficiencias son totalmente mías.
